En una decisión trascendental, el Gobierno de Javier Milei formalizó este viernes la preadjudicación y avance en la privatización de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos del país. Esta medida, que marca un hito en la reconfiguración del sistema energético argentino, ha despertado gran interés y debate en el ámbito político y económico.
La Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, ordena la venta del 100% del capital social de las empresas concesionarias de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Este paso es parte de la estrategia oficial de venta de activos del estado, en línea con la política de privatizaciones impulsada por el gobierno actual.
En esta etapa de la licitación pública nacional e internacional, se preadjudicaron los bienes a los postores que presentaron las mejores propuestas económicas. El importe final alcanzó los 706,9 millones de dólares, tras un procedimiento competitivo que no contó con un precio base, lo que resulta clave para las finanzas del país en un momento en el que cada dólar cuenta para cumplir con los compromisos de deuda.
Las empresas privadas que resultaron preadjudicadas fueron Central Puerto, Edison, y BML, con montos que van desde los 64,1 millones de dólares hasta los 245 millones de dólares. Este proceso estuvo respaldado por un marco regulatorio específico que incluía la reversión al Estado de las concesiones originales otorgadas en los años 1990.
La privatización de ENARSA y NASA, declarada sujeta a ese régimen por la Ley 27.742, fue otro punto destacado de esta medida. El Ministerio de Economía actuó como autoridad de aplicación, en conformidad con los decretos 695/2024 y 718/2024, para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
Con esta preadjudicación, el Gobierno de Javier Milei consolida uno de los tramos más relevantes del proceso de privatización energética reciente, abriendo una nueva etapa para el funcionamiento de los principales complejos hidroeléctricos del país. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir la participación del Estado, atraer inversión privada y fortalecer las cuentas públicas en sectores clave como energía, transporte e infraestructuras.
En definitiva, esta privatización marca un antes y un después en el panorama energético argentino, generando expectativas y desafíos para el sector y para la economía en su conjunto. La fecha de firma de los contratos de concesión y transferencia está fijada para el 22 de diciembre de 2025, momento en el que los nuevos concesionarios asumirán el funcionamiento completo de los usos hidroeléctricos, marcando así una nueva era en la historia energética del país.
