En medio de una reorganización sorpresiva, el Gobierno nacional ha tomado la decisión de cerrar oficialmente la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS). Esta noticia ha generado controversia y debate sobre el futuro de las pensiones, el personal y los beneficios continuos para las personas con discapacidad en Argentina.
La medida, formalizada mediante el Decreto 942/2025 publicado en el Boletín Oficial, ha generado incertidumbre en la población afectada. Según las autoridades, la decisión se basa en los resultados de una auditoría realizada a ANDIS, en la que se detectaron irregularidades administrativas, fallas en los controles internos y problemas en la gestión de pensiones y servicios destinados a personas con discapacidad.
La eliminación de ANDIS implica un cambio significativo en la estructura gubernamental, ya que las políticas públicas en materia de discapacidad ahora serán responsabilidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que se incorpora al Ministerio de Salud como nuevo organismo encargado del área. Este nuevo esquema busca centralizar la gestión y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios a las personas con discapacidad.
En cuanto a las pensiones, el personal y los beneficios continuos, el decreto aclara que su disolución no implicará la suspensión de los mismos. Todos los compromisos, contratos y obligaciones de ANDIS pasarán al Ministerio de Salud, junto con el presupuesto, bienes y personal. Por lo tanto, no se esperan interrupciones en los beneficios ni en los procedimientos en curso. Los pagos, cobertura y servicios seguirán en las mismas condiciones actuales.
Es importante destacar que la emergencia sanitaria nacional ha sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que refleja la importancia que el Gobierno otorga a la atención de las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. La Secretaría Nacional de Discapacidad concentrará funciones clave como el diseño, coordinación y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, el otorgamiento y control de pensiones de invalidez, y la administración de beneficios previstos en las leyes vigentes.
En resumen, la disolución de ANDIS marca un nuevo comienzo en la atención y protección de las personas con discapacidad en Argentina. Si bien la noticia ha generado incertidumbre, se espera que la reorganización permita mejorar la calidad de los servicios y garantizar el acceso a los beneficios de manera más eficiente y transparente. La población afectada estará atenta a los próximos pasos del Gobierno y a la implementación de las nuevas medidas para asegurar que sus derechos sean protegidos y respetados.
