La millonaria cifra que el Estado nacional podría ahorrar con la derogación de regímenes privilegiados de jubilaciones y pensiones
En medio del debate sobre una posible reforma previsional impulsada por el Gobierno nacional, la eliminación de los regímenes privilegiados de jubilaciones y pensiones podría tener un impacto fiscal significativo para el Estado nacional. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CPO), la derogación de estos beneficios implicaría ahorros anuales estimados en 1.234 millones de dólares.
El estudio, realizado a petición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, analiza el Proyecto de Ley 3285-D-2024, que propone eliminar una serie de normas que otorgan beneficios pensionales diferenciados a exfuncionarios, magistrados y autoridades eclesiásticas. En el escenario actual, el gasto anual en prestaciones vitalicias alcanza los $1.614,8 millones, con la mayor parte correspondiente a los beneficios otorgados por la Ley 24.018 a ex presidentes, vicepresidentes, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autoridades eclesiásticas y sacerdotes seculares.
En el escenario proyectado por la OPC, el gasto total se reduciría a 380,6 millones de dólares al año, con la mayor parte de este ahorro concentrado en los beneficios de expresidentes, vicepresidentes y jueces del máximo tribunal. La diferencia entre ambos escenarios explica el ahorro neto de 1.234,3 millones de dólares al año.
El Proyecto de Ley firmado por Eduardo Falcone y Oscar Zago consta de cinco artículos que buscan derogar las leyes que establecen asignaciones vitalicias y regímenes especiales de pensiones, integrando a las personas alcanzadas al Sistema Integrado Previsional Argentino bajo reglas generales. Además, se propone la creación de una nueva dieta para el Presidente de la Nación y un mecanismo de transición para invitar a los actuales beneficiarios a renunciar voluntariamente a sus privilegios de pensión.
A pesar de los ahorros inmediatos, la irretroactividad de la ley impide una eliminación automática de los beneficios actuales, lo que condiciona cualquier intento de reforma profunda del sistema de pensiones. Sin embargo, el proyecto y el informe de la OPC trabajan con escenarios de transición y estabilización para estimar el impacto una vez que los pasivos bajo los regímenes especiales dejen de existir. Desde un punto de vista político, se destaca que la derogación busca corregir una desigualdad evidente entre la mayoría de los jubilados y una minoría que accedió a beneficios excepcionales por su paso por cargos públicos.
