El gobierno bonaerense intensifica el control en la Villa 31 para frenar el crecimiento urbano informal
En una nueva etapa del plan de ordenamiento en la Villa 31, el gobierno bonaerense ha implementado operativos de seguridad y controles de acceso con el objetivo de detener el crecimiento descontrolado dentro del barrio. Estas medidas buscan limitar el ingreso de materiales de construcción y reforzar la inspección territorial en la zona.
Desde esta semana, se han puesto en marcha controles policiales y cambios en la circulación interna de la Villa 31. Cinco de los trece accesos vehiculares han sido transformados en calles peatonales, mientras que tres accesos contarán con presencia permanente de la Policía de la Ciudad, además de otros tres puestos existentes. Además, se han establecido dos calles en sentido contrario y se han instalado bolardos para restringir la circulación.
Los controles serán itinerantes y rotativos, con operativos de inspección en diversos puntos del barrio. Este jueves se llevaron a cabo retenes en accesos ubicados en Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos y Colibrí y Alberto Chejolán, cerca de Retiro y el barrio Saldías.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha defendido estas medidas y ha enfatizado que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas dentro del barrio. «No existen zonas liberadas ni lugares donde la ley sea potestativa. La ley y el orden rigen cada metro cuadrado de la Ciudad», afirmó.
El plan también incluye inspecciones a construcciones irregulares, desalojos de terrenos ocupados y cierres de actividades comerciales no autorizadas. El Ejecutivo bonaerense señala que la urbanización iniciada en 2016 no ha logrado frenar el crecimiento desordenado ni consolidar la planificación territorial prevista en la Ley 6.129, por lo que han decidido implementar nuevas medidas.
En las últimas semanas, se han realizado operativos para despejar caminos ocupados por almacenes informales, retirar estructuras que obstaculizaban la circulación y cerrar patios de materiales de construcción que operaban sin autorización. También se ha destacado la reciente demolición de una caseta utilizada para la venta de drogas.
La Villa 31 ocupa aproximadamente 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro y alberga a unas 45.000 personas. El crecimiento demográfico y la falta de controles sostenidos han generado un mercado inmobiliario informal dentro del barrio, con alquileres residenciales que oscilan entre los 300.000 y 1 millón de dólares mensuales, y locales comerciales que pueden alcanzar valores entre 1,5 y 1,8 millones de dólares.
El Gobierno porteño afirma que el plan de ordenamiento tiene como objetivo consolidar la integración urbana bajo un mismo marco regulatorio para toda la Ciudad, combinando controles de seguridad con medidas de reordenamiento del espacio público. Con estas acciones, se busca poner fin al crecimiento descontrolado y garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Villa 31.
