El gobierno nacional celebra el superávit fiscal, pero ¿a qué costo? Mientras se aplauden las cifras positivas en términos generales, el sector público nacional se encuentra en una situación crítica. Un informe reciente del economista Nadin Argañaraz revela que los salarios en el sector público nacional han sufrido un colapso del 37,2% en términos reales desde noviembre de 2023. Esto se traduce en que, en los últimos 27 meses, un empleado nacional ha perdido el equivalente a 7,7 salarios mensuales.
La situación empeora mes a mes, con una inflación mensual del 2,9% y un ajuste salarial en el sector público nacional de solo el 0,6% nominal. En comparación interanual, el poder adquisitivo de los empleados estatales ha caído un 8,8% frente a una inflación del 33,1%. Esta brecha entre el sector público y privado se hace cada vez más profunda, con una diferencia abismal en los ajustes salariales: mientras los salarios privados se redujeron un 3,5%, los del sector público nacional se hundieron diez veces más, llegando al -37,2%.
Incluso dentro del propio Estado, la disparidad es evidente. Los empleados provinciales registran una caída real del 10,3% desde el inicio de la actual administración, una cifra significativamente menor que la del sector público nacional. Para medir el impacto en el bolsillo de los trabajadores, el informe compara los niveles actuales con los de 2017, revelando que un empleado público tiene un poder adquisitivo un 35% menor desde hace ocho años.
Esta situación se ve agravada por las políticas de ajuste implementadas, como la «motosierra» de Milei, que ha acelerado la pérdida de ingresos. Según Argañaraz, la pérdida acumulada en los últimos 27 meses representa el 21% de la pérdida total sufrida por el Estado en los últimos 98 meses. Mientras tanto, los trabajadores del sector privado formal solo explican el 6% de su pérdida acumulada desde 2017 en los últimos dos años.
Este escenario es el resultado directo de un esquema de reducción del déficit fiscal que ha utilizado el salario real promedio como principal ancla de las cuentas públicas. Además, en las últimas semanas, han aumentado las quejas de los profesionales de la salud y del sector de la discapacidad debido a la falta de pago y retrasos en los servicios.
En resumen, mientras se celebran los números positivos en términos generales, la realidad del sector público nacional es alarmante. La brecha salarial, la pérdida de poder adquisitivo y los retrasos en los pagos son solo algunas de las consecuencias de las políticas implementadas. Es crucial prestar atención a estas problemáticas y buscar soluciones que garanticen un equilibrio justo para todos los trabajadores.
