El gobierno nacional da un giro inesperado en la gestión de servicios públicos y privatizaciones al oficializar la convocatoria a licitación para la venta de Agua y Saneamiento Argentino (AySA). En un movimiento que ha generado controversia y debate, se ha iniciado el proceso para transferir el 90% del paquete de acciones de AySA a manos privadas, marcando un punto de inflexión en la historia de la empresa y del país en general.
La medida, enmarcada en la Ley Base que declaró a AySA «sujeto a privatización», busca acabar con el déficit operativo que el Estado venía cubriendo con fondos públicos y atraer inversiones que permitan ampliar la red de servicios básicos. Según el Ministro de Economía Luis Caputo, el objetivo es que el Estado deje de utilizar empresas públicas como fondos políticos y se enfoque en garantizar reglas claras y atraer inversión privada para el crecimiento y mejora de los servicios.
La licitación para la venta de AySA no tiene un precio base mínimo, pero se estima que la operación podría rondar los 500 millones de dólares. Sin embargo, los requisitos para los posibles compradores son estrictos, incluyendo experiencia comprobable en la prestación de servicios de agua y saneamiento a gran escala, solvencia financiera para financiar el plan de obras sin asistencia del Tesoro Nacional, un período de concesión de 30 años, y la participación de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Entre los posibles compradores se encuentran empresas locales y extranjeras con experiencia en el sector, como el grupo Roggio, la multinacional francesa Veolia, y gigantes del sector sanitario de Brasil. La privatización de AySA plantea dudas y preocupaciones en cuanto al impacto en las tarifas para los usuarios, pero el Gobierno asegura que el nuevo esquema de costos sostenible permitirá optimizar los costos de gestión y mejorar la eficiencia del servicio.
El cambio para los 14 millones de personas que son usuarios de AySA es significativo, ya que la empresa presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano, donde una gran cantidad de personas aún carecen de alcantarillado y acceso a agua potable. El nuevo operador tendrá la responsabilidad de cumplir con objetivos de expansión de la red, mantener altos estándares de calidad de servicio, y someterse a un estricto control regulatorio para asegurar el cumplimiento de metas ambientales y de calidad.
En resumen, la privatización de AySA marca un hito en la gestión de servicios públicos en Argentina, con el Gobierno buscando atraer inversión privada, mejorar la eficiencia del servicio, y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El proceso de venta de AySA será clave para el futuro de la empresa y para el éxito del ambicioso plan de privatizaciones del Gobierno de Javier Milei.
