La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha dado un paso al frente en la lucha por las pymes con deuda tributaria acumulada. En una nota formal dirigida a Andrés Vázquez, director de ARCA, la FACPCE ha solicitado medidas urgentes de alivio para estas empresas que se encuentran en una situación financiera delicada.
Uno de los puntos más destacados de la petición de la FACPCE es la suspensión o limitación de medidas cautelares y embargos sobre aquellos contribuyentes que estén regularizando sus obligaciones tributarias o que se adhieran a un posible plan especial de regularización en el futuro. Esta medida es crucial, ya que muchas pymes se ven afectadas en su operativa diaria debido a embargos que impiden realizar pagos y cobros.
La mecánica del embargo es compleja y puede ocasionar serios problemas para las empresas. Aunque en teoría un embargo no cierra la cuenta bancaria de una empresa, en la práctica puede resultar en la imposibilidad de realizar operaciones básicas. Cuando el monto embargado supera el saldo disponible en la cuenta, cada ingreso posterior se destina a cubrir la deuda, lo que puede llevar a situaciones de bloqueo financiero.
El proceso que conduce al embargo comienza con una declaración jurada impaga, que se convierte automáticamente en un título ejecutivo si no se abona en tiempo y forma. A partir de ahí, se inicia un juicio de ejecución fiscal que acumula costos a medida que avanza, lo que puede resultar en embargos sobre cuentas bancarias e incluso sobre cuentas por cobrar.
La FACPCE ha presentado tres ejes principales en su solicitud a ARCA: la creación de un régimen especial de facilidades de pago para las pymes, la suspensión de medidas cautelares y embargos para los contribuyentes que regularicen sus obligaciones, y mecanismos que fomenten el cumplimiento voluntario y la recuperación gradual de la capacidad contributiva.
Ante la falta de un plan especial, las opciones para las pymes endeudadas son limitadas. El plan permanente vigente y los créditos bancarios pueden no ser soluciones ideales, por lo que la financiación privada se presenta como una alternativa casi como último recurso.
En este contexto, la FACPCE insta al Gobierno a implementar un régimen especial de regularización y la suspensión de medidas cautelares para brindar un alivio a las pymes en mora y evitar embargos que puedan poner en peligro su continuidad operativa. Es hora de actuar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas en este difícil momento económico.
