El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves ante el juez federal en Nueva York, Loretta Preska, un escrito en apoyo a la posición de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Esta intervención se da en respuesta a la solicitud de sanciones y desacato formulado por los demandantes del caso, encabezados por Burford Capital.
El documento de 29 páginas presentado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue catalogado como una «declaración de interés» del gobierno de Estados Unidos en el litigio. Según fuentes de la defensa argentina, se trató de una presentación espontánea del Departamento de Justicia y no de un amicus curiae.
La intervención del Departamento de Justicia es considerada crucial en esta etapa del proceso, ya que el tribunal está evaluando las solicitudes de sanciones presentadas por los fondos demandantes en el marco del proceso de descubrimiento. En este sentido, el gobierno estadounidense advirtió sobre las implicaciones diplomáticas que podrían surgir de litigios contra estados soberanos en tribunales estadounidenses.
El caso se encuentra en la etapa de ejecución del fallo que condenó a Argentina a pagar unos 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Los demandantes buscan obtener información sobre activos del Estado argentino a través del mecanismo de descubrimiento, que incluye acceso a las comunicaciones de funcionarios y asesores vinculados al gobierno argentino y empresas estatales.
En su presentación, el Departamento de Justicia destacó que las solicitudes de descubrimiento planteadas por los demandantes plantean problemas legales y diplomáticos que deben ser considerados por el tribunal. El gobierno estadounidense afirmó que el tribunal debe tener en cuenta los principios de cortesía y reciprocidad al evaluar medidas procesales contra gobiernos extranjeros.
Además, la presentación se refirió a la solicitud de sanciones promovida por los demandantes, que incluía la declaración de Argentina en desacato y la imposición de sanciones económicas diarias. Los fondos exigían multas diarias de al menos un millón de dólares y sanciones procesales que limitarían la capacidad del Estado argentino para defenderse en el juicio.
En resumen, la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF representa un respaldo a la posición de Argentina y resalta la importancia de considerar las implicaciones diplomáticas y legales de los litigios contra estados soberanos en tribunales estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció en contra de la imposición de sanciones a Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La moción presentada por los demandantes para aplicar sanciones de impedimento, inferencias adversas y sanciones pecuniarias fue rechazada por el Departamento de Justicia, argumentando que no se ajusta a los principios de cortesía y reciprocidad internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Extranjeros (FSIA, por sus siglas en inglés).
Según el escrito presentado, las órdenes de sanciones monetarias contra un Estado extranjero no son ejecutables bajo la FSIA y podrían generar fricciones con otros gobiernos. Además, se destacó que Argentina ha hecho esfuerzos por cumplir con los requisitos del tribunal, entregando más de 115,000 páginas de documentación en respuesta a las solicitudes.
La defensa argentina ha colaborado activamente con el proceso en los últimos años, demostrando buena fe y respeto a las órdenes judiciales. A pesar de los esfuerzos realizados, los demandantes no han podido encontrar pruebas que sustenten sus acusaciones, lo que refuerza la posición jurídica de Argentina en este caso.
En un contexto procesal complejo, Argentina solicitó suspender el proceso de descubrimiento ante el juez Preska, solicitud que fue rechazada. El Estado argentino ha avanzado con un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, presentando sus argumentos dentro de los plazos establecidos por el tribunal.
El juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 a raíz de una demanda presentada por empresas inversoras, y en 2023 el juez Preska falló a favor de los demandantes, condenando a Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares. Desde entonces, el litigio ha avanzado en una etapa centrada en la ejecución de la sentencia y la identificación de bienes embargables, mientras Argentina ha presentado múltiples recursos sobre distintos aspectos del caso.
El apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca la solidez técnica y jurídica de las presentaciones realizadas por la defensa argentina, basadas en principios del derecho internacional y el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana. La colaboración y el compromiso de Argentina con el proceso judicial son evidentes, y se espera que se resuelva de manera justa y equitativa en el marco de la legalidad vigente. El desenlace de este caso tendrá repercusiones significativas en el ámbito internacional y en la relación entre Argentina y Estados Unidos. El día de ayer, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, el presidente anunció una serie de medidas para combatir la crisis económica que atraviesa el país. Entre las medidas destacadas se encuentra la reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de incentivar la inversión y generar empleo.
El presidente también anunció la creación de un fondo de ayuda para los sectores más afectados por la crisis, como el turismo y la construcción. Este fondo estará destinado a brindar apoyo financiero a las empresas en dificultades, así como a los trabajadores que hayan perdido su empleo como consecuencia de la crisis.
Otra de las medidas anunciadas por el presidente es la implementación de un plan de estímulo económico que incluirá la inversión en infraestructura y la promoción de sectores estratégicos como la tecnología y la energía renovable. Este plan tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades de empleo para la población.
Además, el presidente hizo un llamado a la unidad nacional y a la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para superar juntos la crisis económica. Destacó la importancia de trabajar en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos y contribuyan al desarrollo del país.
Por último, el presidente anunció que se realizarán consultas con expertos y representantes de los distintos sectores de la sociedad para diseñar un plan integral de recuperación económica que permita superar la crisis de manera sostenible y equitativa. Se espera que este plan sea presentado en las próximas semanas y que cuente con el apoyo de todos los actores involucrados.
En resumen, las medidas anunciadas por el presidente buscan reactivar la economía del país, proteger a los sectores más vulnerables y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Se espera que estas medidas contribuyan a superar la crisis actual y a sentar las bases para un futuro más próspero y equitativo para todos los ciudadanos.
