así se pacta la Justicia en la isla del absurdo

El material muestra una reunión encabezada por el presidente del TSP, en la que el Fiscal General Yamila Peña OjedaY la vicepresidenta del TSP, Marisela Sosa Ravelo. También están presentes el presidente de la sala penal del TSP, el presidente de la sala de delitos contra la seguridad del Estado y todos los titulares, a nivel nacional y provincial, de la Dirección General de Instrucción y Operaciones Penales del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba.

Aunque se trata de un vídeo de noviembre de 2018, los juicios contra los manifestantes del 11J y las palabras de la magistrada al hablar del “contexto y perspectiva actual” muestran que la realidad de 2018 era la que se ve en el audiovisual y que nada había cambiado en 2021, dos años después de la entrada en vigor de la Constitución aprobada en 2019, ni en 2022, cuando los juicios y condenas contra Cubanos que se atrevieron a exigir cambios y el fin del comunismo en julio de 2021.

Remigio Ferro lo deja claro al afirmar que los jueces en Cuba “son los jueces de la Revolución y del Partido”. El propio presidente del TSP reconoce que una reunión como la que vemos en el vídeo “es impensable” en otro país.

En los países democráticos, donde existe separación de poderes y donde los acusados ​​tienen derecho a un juicio justo, donde los jueces tienen el deber de recusarse si, por cualquier motivo, tienen un conflicto de intereses que afecta su imparcialidad en un determinado proceso judicial, no se realizan reuniones en las que el presidente del tribunal acuerda con la parte acusadora, a espaldas de los abogados defensores, cómo trabajar.

Por otra parte, el presidente del TSP olvidó el artículo 57 de la Constitución, que establece que “la función de impartir justicia emana del pueblo y se ejerce en su nombre por el Tribunal Popular Supremo y los demás tribunales que establezca la ley.


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El pueblo de Cuba no es el Partido Comunista de Cuba (PCC). De hecho, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel Recientemente reconoció que de los poco más de 10 millones de habitantes que tiene la Isla, sólo poco más de un millón, contando con la cantera de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) aunque no todos los miembros de la UJC desean luego incorporarse a las filas del Partido Pertenece al PCC.

Por lo tanto, jueces en Cuba apenas responden al 10% de la población, el 10% que le pertenece al Partido. Y, como lo han demostrado las desproporcionadas demandas fiscales y condenas contra los manifestantes del 11J, los que se oponen al Partido ya la Revolución a la que pertenecen los magistrados, no reciben justicia. Esto contradice su propia Remigio Ferro, quien, tras las protestas, afirmó que la manifestación, e incluso la libertad de opinión, de prensa, de creencias, incluso de filiación política o ideológica, no constituía delito. En sus propias palabras, manifestarse era “un derecho constitucional de las personas”.

Pero derechos constitucionales en cuba tienen límites, como lo demuestra el nuevo Código Penal, que tipifica como delito el “uso excesivo de los derechos constitucionales”. El límite para el ejercicio de estos derechos no lo establece la libertad o los derechos de los demás ciudadanos, sino el interés del Partido que, reconoce Rubén Remigio Ferro, los jueces en Cuba deben.

También hay que tener en cuenta que este video, grabado con conocimiento de los presentes para que circulara únicamente entre los presidentes y vicepresidentes de las cortes provinciales cubanas, corresponde a un momento en el que la aprobación de la Constitución que sustituiría a aquella de 1976 fue ascendido.

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La Carta Magna aprobada en 2019, en papel y como se anuncia el régimen cubano y el propio presidente del TSP, es más garantista en derechos que el anterior. Pero para Remigio Ferro Estas garantías son un problema, como lo es el hecho de que los imputados en un proceso puedan contar con un abogado defensor desde el inicio.

El magistrado se refiere a los abogados defensores como “perros metidos en el tabaco”, posición que contradice la imparcialidad que deben mostrar los jueces y, en especial él, como presidente del TSP y su Consejo de Gobierno.

Que los agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado consideren un problema la presencia de abogados desde el inicio del proceso es comprensible, pero no que esa sea la visión de quienes deben velar por que prevalezca la justicia, la igualdad absoluta entre las partes y el respeto al debido proceso. .

La colusión entre el presidente del TSP, la Fiscalía y el MININT en contra de abogados e imputados (nótese que en la reunión ni siquiera hay abogados de la estatal Organización de Bufetes Colectivos) queda completamente expuesta cuando Remigio Ferro aborda el tema de la devolución de archivos a la fiscalía, que a menudo molesta a los fiscales e investigadores.

Sin embargo, con la devolución de los expedientes, los tribunales dan “una señal”, como explica el presidente del TSP, para que la parte acusadora subsane las deficiencias y debilidades de la prueba, lo que obligaría al juez a absolver a los imputados.

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Remigio Ferro explica que si hay menos devoluciones habrá más absolutorias (que en Cuba sólo constituyen entre el 6% y el 8% de los casos tramitadosque considera un buen resultado).

Sus palabras textuales son “podríamos quitarnos el estrés de las devoluciones (…), pero van a ver cómo sube ese indicador de absoluciones”.

El presidente del TSP admite que en la teoría penal se dice que no es correcto que el tribunal devuelva el expediente, porque eso significa que se compromete su imparcialidad y que esa es una “teoría universal que se da en las universidades”. Pero estas teorías universales no cuentan en cubadonde se imparte justicia al “estilo cubano”según el magistrado.

Aunque en la reunión se discuten delitos comunes y no se hace referencia a juicios contra ciudadanos por oponerse al régimen que, por otro lado, no son reconocidos en el país, donde se encarcela a opositores y activistas por presuntos delitos comunes es fácil deducir lo que pueden esperar de la justicia quienes se manifiestan abiertamente contra el gobierno y el PCC.

La intervención del presidente del TSP en esta reunión de 2018 corrobora las declaraciones ofrecidas por el exfiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en santiago de cubaal Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.

Ocaña Parada denunció que en los juicios contra manifestantes del 11J influyeron “organismos, instituciones que respondan a los intereses del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista de Cubay que era “en interés del Gobierno, del Estado y del Partido” que fuera sancionado con la mayor severidad posible, “sin ningún tipo de benevolencia”.

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