La Sala de lo Contencioso Administrativo Federal respalda el «protocolo antipiquetes» y desafía al juez de primera instancia
La Sala III de la La Sala de lo Contencioso Administrativo Federal ha dado un paso importante al avalar el llamado “protocolo antipiquetes” que las Fuerzas Federales utilizan para despejar manifestaciones públicas. Esta decisión ha generado polémica y ha generado un fuerte debate en el ámbito judicial y político.
En medio de reveses judiciales para el Gobierno, como el amparo contra la ley de reforma laboral y el fallo que lo obliga a pagar financiamiento universitario, la resolución del Litigio le ha dado un nuevo respiro. La Sala III ha rechazado los argumentos que sostenían que el protocolo atentaba contra el derecho de protesta, asegurando que este se aplica únicamente en casos donde se comete un delito en el marco de una manifestación.
El fallo de la Sala III ha sido contundente al afirmar que el protocolo no restringe derechos, sino que regula la colisión de derechos entre individuos cuando se obstruyen las rutas de tránsito. Asimismo, los magistrados han dejado en claro que si se produce una detención en el marco de la aplicación del protocolo, será el juez penal quien decida sobre la situación.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Nacional ha celebrado la noticia y ha destacado que el protocolo es una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir en situaciones que afecten a la circulación y uso del espacio público, en el marco de la ley. Esta posición ha sido respaldada por la Sala III, que ha criticado duramente al juez de primera instancia que suspendió la aplicación del protocolo.
La decisión de la Sala III implica la rehabilitación integral del esquema operativo diseñado por el Ministerio de Seguridad para intervenir en cierres de calles y rutas, siendo uno de los ejes centrales de la política oficial en materia de orden público desde el cambio de gobierno. Los jueces han puesto especial énfasis en diferenciar entre la regulación de los derechos constitucionales y la organización interna de las fuerzas de seguridad, asegurando que el protocolo constituye solo una directiva administrativa para ordenar la actuación policial contra los delitos previstos en la legislación vigente.
En medio de este panorama, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS) ha anunciado que llevará su reclamo a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Según el director de litigios de la organización, Diego Morales, la Sala III ha ignorado el derecho a manifestarse sin temor a ser golpeado, arrestado o criminalizado, y ha señalado que esto es parte fundamental del derecho a protestar.
En conclusión, la decisión de la Sala III de la La Sala de lo Contencioso Administrativo Federal de avalar el “protocolo antipiquetes” ha generado un fuerte debate en la sociedad argentina, con posturas encontradas sobre la regulación de las manifestaciones públicas y el derecho a la protesta.
