Se acabó la barra libre. El 23 de julio marcará un antes y un después en la política económica, gane quien gane las elecciones generales. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a los países más endeudados, como España, para que sitúen el déficit público en el 3% y limiten su deuda pública a 9.000 millones de euros anuales. En otras palabras, una vuelta de tuerca al gasto público para recuperar la ortodoxia.
Cumplir con este objetivo es lo único en lo que parecen estar de acuerdo tanto el gobierno como la oposición. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha comunicado a Bruselas que España hará los deberes (en la adenda). Es decir, ha prometido llevar a cabo una política ortodoxa en caso de que los socialistas ganen las próximas elecciones generales.
El problema surgirá si el actual gobierno de coalición se reedita en la próxima legislatura. Una alianza entre los socialistas y la extrema izquierda con el apoyo de los independentistas. Una tarea extremadamente difícil en la medida en que los socios de los socialistas han manifestado su total rechazo a cualquier tipo de austeridad.
La Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
Hasta ahora ha sido posible mantener cohesionado al llamado Gobierno progresista gracias a la política de tirada de chequera desarrollada por el presidente Pedro Sánchez. Desde su llegada a Moncloa, la deuda pública ha aumentado en 360.000 millones, hasta alcanzar los 1,53 billones de euros, lo que representa el 110% del PIB.
Con un escenario de tipos de interés al alza, el objetivo de reducir el déficit y la deuda parece misión imposible. Solo podría lograrse con un fuerte aumento de los impuestos, dado que el bloque inversor no quiere oír hablar de una reestructuración del gasto público. Pero si aumenta la presión fiscal, el crecimiento de la inversión, el consumo y la economía inevitablemente se ralentizará.
El primer ministro de Portugal, António Costa, logró realizar este milagro. En 2021 se separó de sus socios de extrema izquierda, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués (PCP). Con ellos había formado el llamado gobierno de los geringonça en 2015. Tras esa maniobra, los socialistas lograron mayoría suficiente para gobernar en solitario, consiguiendo mayoría absoluta en 2022. A partir de ese momento siguieron una política ortodoxa basada en bajar los impuestos para reactivar el crecimiento y reducir su elevado endeudamiento.
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Pedro Sánchez podría verse tentado a repetir la operación portuguesa. Habría empezado por radicalizar el proceso electoral, para presentar al bloque de la derecha como el monstruo de dos cabezas: PP y Vox. Un monstruo, como él dice, dispuesto a devorar todas las reformas sociales y avances progresistas logrados en su mandato. Para evitarlo, la única forma de conseguirlo es presentar al PSOE como el voto útil de la izquierda.
Quizás esta sea la razón básica por la que, tras el revés recibido en las elecciones municipales, convocó por sorpresa las elecciones generales del 23-J. De esta forma ha pillado a sus compañeros con el pie cambiado. Desmoralizados, divididos y sin un euro para afrontar una nueva campaña electoral. Si finalmente lo consigue y consigue vaciarlos electoralmente, el PSOE podría obtener un buen resultado para gobernar en solitario gracias a la ley D’Hondt.
Por el contrario, el bloque de la derecha divide sus votos a pesar de la desaparición de Ciudadanos. Esta sería la razón por la que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llama con insistencia al voto popular para acabar con el sanchismo. No cabe duda de que con el 23-J han decaído más de 60 leyes y se hace borrón y cuenta nueva con todo lo que se había prometido en la campaña municipal con los llamados “martes milagrosos”. Una estrategia que parece haber sido abandonada de cara a la campaña de los generales, donde la promesa del oro y el moro ya se ha detenido porque les resta credibilidad. No puede convertirse en la campaña de las mentiras.
Por su parte, Núñez Feijóo ya ha adelantado que su prioridad es reducir el déficit público y aumentar la productividad. Para ello no tendría mayores contradicciones con Vox, ya que la política económica que defienden ambos partidos es muy similar. Están a favor de la economía de mercado y la ortodoxia económica.
buenos datos
El Gobierno está cosechando buenos datos macroeconómicos. El último ha sido el paro, que ha puesto de manifiesto la resiliencia del mercado laboral. La inflación es otro buen dato y todo hace pensar que a esta lista se sumará el crecimiento del PIB. Por eso cuesta entender que el gobierno, en vez de defender su política económica, se dedique a criticar a sus adversarios comparándolos con Trump.