el gobierno de El Salvador anunció este domingo que lanzará una nueva ofensiva contra las pandillas “para evitar cualquier intento de reagrupamiento”esto en medio de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y críticas de la comunidad internacional.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se reunió con el gabinete de seguridad del país, indicó que esta medida se debe a que se intenta evitar el posible reagrupamiento de las pandillas «como estaba ocurriendo en nueva concepcióna pesar de estar “ganando decisivamente la guerra contra las pandillas”, según un comunicado de la Presidencia No ha proporcionado más detalles.
Bukele se refirió al municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango (norte) porque a mediados de mayo ordenó un gran operativo integrado por más de 5.500 uniformados para dar con el responsable de la muerte de un policía.
“Pagarán muy caro el asesinato de nuestro héroe”, escribió Bukele en su cuenta de la red social Twitter, al señalar que el operativo policial no se limita solo a los responsables de esa muerte, sino que se extiende a “toda la estructura criminal”. de colaboradores de estas bandas.
La Policía Nacional informó este martes de la muerte de uno de sus agentes cuando patrullaba las calles del municipio de Nueva Concepción. Uno de los sospechosos del ataque fue capturado y el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que se hará todo lo posible para encontrar al resto de los involucrados.
El gobierno salvadoreño decretó en marzo del año pasado la Estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país. Desde entonces se ha prorrogado varias veces y ha facilitado la detención de más de 66.000 presuntos pandilleros.
La medida no ha estado exenta de polémica pues, pese a que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.
Las autoridades del país centroamericano han detenido a miles de presuntos pandilleros que, tras saturar los centros penitenciarios del país, los han enviado a una macrocárcel -oficialmente denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo- construida en tiempo récord y con capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos.
Durante el mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado de El Salvador para “restaurar” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo la régimen de excepción.
“La CIDH insta al Estado a respetar los derechos humanos en la adopción de medidas para la prevención, control y respuesta a los delitos, así como para investigar, juzgar y sancionar las actividades delictivas”, señaló el organismo en un comunicado.
Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando se aplica indefinidamente, constituye un mecanismo inadecuado para hacer frente a la delincuencia comúny subrayó que habrían sido “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.
(Con información de Europa Press)
Sigue leyendo: