Un aumento de 1.500 millones de dólares al año en el presupuesto para combatir el crimen, más equipamiento, un plan con los municipios por «calles sin violencia» y un puñado de nuevos proyectos de ley clave en seguridad aprobados son las principales acciones que ha impulsado el gobierno de Gabriel Boric para frenar la violencia en su primer año de mandato.
Y es que, a pesar de que los delitos comunes han disminuido en los últimos diez años, según muestran las autoridades y las estadísticas, la sensación de inseguridad se ha multiplicado en el país y se ha convertido en la primera preocupación pública alimentada por la aparición de nuevos delitos, algunos de ellos mucho más violentos.
Asimismo, se ha convertido en uno de los arietes de la oposición, en particular de los grupos ultraconservadores, que acusan al Ejecutivo de inacción y de no ofrecer a instituciones armadasy en particular la polémica policía, ni el respaldo político ni las herramientas adecuadas para hacer su trabajo.
En el último mes, tres agentes de este cuerpo militarizado perdieron la vida durante procedimientos de rutina, sucesión que llevó al Congreso a aprobar una polémica ley, conocida como «Naím Retamal» e impulsada por la oposición, que da mayor libertad de maniobra en el uso de armas a la Policía y reduce la proporcionalidad y asunción de responsabilidades.
En ese contexto, la misma institución policial reconoció el apoyo constante del Gobierno, mientras expertos locales e internacionales destacan que las medidas van en la dirección correcta, pero advierten que tienen debilidades, como falta de formación modernay que no contempla el cambio profundo que necesita el sistema policial chileno.
Atrás
El director general de Carabineros, Ricardo Yañez, así lo ha reconocido en múltiples declaraciones: la institución se siente «absolutamente apoyado» por el Gobierno del presidente chileno, tanto en estos momentos de conmoción y dolor público, a raíz de los homicidios de tres de sus efectivos, como durante los meses anteriores.
“Nunca habíamos tenido tanta compra de equipos para realizar nuestro trabajo policial”, dijo el oficial del alto mando en marzo pasado.
Sin ir más lejos, Boric anunció un aumento del 40% en la financiación anual destinado a combatir y prevenir la inseguridad en el país, con 1.500 millones de dólares adicionales cada año en el presupuesto para medidas que ayuden a reducir la criminalidad.
A esto agregó un plan de «calles sin violencia» que aumenta patrullajes en diez barrios de la capital con agentes cada vez más especializados.
Dirección correcta
En diciembre pasado, Boric presentó un plan que considera una inversión de más de 39.000 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) y ajustes territoriales de acuerdo con la realidad de cada región para combatir el crimen organizado.
Esta política, inédita en el país sudamericano, considera el fortalecimiento institucional y de inteligencia del Estado, mejorando la coordinación en el intercambio y análisis de información con miras a ejecutar acciones conjuntas.
En opinión del abogado y experto en derechos humanos y función policial chilena, Daniel Soto, se trata de un plan con «elementos conceptuales correctos“, aunque identifica tres debilidades: no contempla un diagnóstico de la magnitud actual de los negocios ilícitos vinculados al crimen organizado, no centraliza en el Gobierno y presenta problemas para concretar el trabajo conjunto de los organismos estatales encargados de detectar e investigando estos crímenes.
“Estas deficiencias pueden causar problemas en la identificación prioridades y su implementación», dijo Soto a Efe.
Entre las fortalezas, prioriza la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales con sistemas de detección y persecución más robustos y una legislación mucho más dura sobre la tenencia de armas.
Transformación
Tras el avance de cinco proyectos de ley sobre seguridad pública, que persiguen con mayor vigor el secuestro, llevar armas, extorsión y sicarios y aumentar el control migratorio, Boric también pretende introducir cambios profundos en la policía chilena, cuestionada por las violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas de 2019.
“En Chile hoy se habla de reforma de Carabineros, cuando lo que se debe discutir es la transformación del sistema policial. En ese sentido, lo que se requiere hoy es voluntad política porque se puede trabajar con las instituciones existentes para fortalecer el trabajo policial”, explicó Soto, quien se retiró con el grado de coronel de Carabineros.
“Una verdadera reforma debe pasar por el rediseño de procesos y la optimización del modelo de gestión. Esos temas aún no se han debatido y lo que se está haciendo ahora es parchear los déficits que parecen más notorios», concluye.
Agencia EFE
pb