El Gobierno finalmente reglamentó la Ley Nacional de Emergencia por Discapacidad, generando expectativas y controversias entre la población. Después de meses de debates y oposición oficial al proyecto, el Ejecutivo se vio obligado a implementar la norma a través del Decreto 84/2026, publicado en el Diario Oficial. Esta medida trae consigo importantes cambios en el sistema de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez para la Protección Social, con nuevos requisitos, controles y criterios de permanencia para los beneficiarios.
Los nuevos requisitos para cobrar la pensión de invalidez en febrero de 2026 han generado incertidumbre entre los ciudadanos. El decreto establece la conversión automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la entrada en vigor del nuevo régimen, lo que implica una revisión exhaustiva de las condiciones de los actuales propietarios. El Gobierno ha señalado la importancia de establecer definiciones operativas que garanticen la función protectora de la pensión, con el objetivo de promover la inclusión social y laboral.
Para asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, el pago puede ser suspendido en casos de incumplimiento por parte del beneficiario, ausencia sin causa justificada en citaciones relacionadas con los requisitos para el disfrute del beneficio, percepción inadecuada de salarios y problemas en la entrega de citaciones por inconsistencias en los datos declarados.
Además de los cambios en los requisitos, el decreto contempla la centralización del Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS) en el Ministerio de Salud, con el fin de unificar todas las políticas de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, abarcando dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos, en línea con los tratados internacionales.
Las nuevas regulaciones también definen criterios para acceso, permanencia, incompatibilidades con otras prestaciones, procedimientos administrativos y mecanismos de control. Todo el sistema debe articularse con políticas de inclusión laboral y reglas de compatibilidad de ingresos. Asimismo, se establece la realización de auditorías periódicas para evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios.
En resumen, la reglamentación de la Ley Nacional de Emergencia por Discapacidad trae consigo importantes cambios en el sistema de pensiones por invalidez, con el objetivo de garantizar un acceso justo y equitativo a los beneficios, así como una mayor transparencia en la gestión de los recursos destinados a este sector de la población.
