Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas. Quema de casas de familias zapatistas y exige al Estado mexicano la búsqueda y presentación con vida de líderes comunitarios desaparecidos. Estas son algunas de las «acciones urgentes» que, según el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, atiende el estado mexicano de Chiapas. Estos son, aseguran, problemas que debe enfrentar el gobierno mexicano. Así lo denuncia también la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos (TDT) que agrupa a 87 organizaciones en 23 Estados mexicanos.
El 25 de mayo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a organizaciones indígenas y de derechos humanos, denunciaron en un comunicado que “Chiapas está al borde de una guerra civil por la presencia de paramilitares, integrantes de distintos cárteles que luchan por plazas y grupos de autodefensa».
Frontera de Comalapa: aduanas, migrantes y delincuentes
¿Qué tan grave es el problema de seguridad en el sureño estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala? ¿Está Chiapas realmente a las puertas de una supuesta guerra civil? “El conflicto en Chiapas no tiene que ver con una guerra civil. Es el problema general de México, que desde hace un par de años se manifiesta también en Chiapas: grupos criminales que extorsionan a la población, trafican drogas, armas y migrantes, «, dice a el historiador Juan Pedro Viquiera Alba, profesor e investigador de El Colegio de México.
La población denominada Frontera Comalapa se ha visto especialmente afectada por la violencia, incluido el desplazamiento. ¿Quiénes son las víctimas allí y quiénes son los perpetradores?
“La frontera de Comalapa no es una zona del EZLN ni de indígenas. Aunque hay narcotraficantes, hay otros delincuentes que están extorsionando a la población cobrándoles ‘derechos de residencia’. Además, ha aumentado el tráfico de migrantes, especialmente centroamericanos, el tráfico de armas, las familias huyen de sus hogares porque los delincuentes intentan secuestrar a los jóvenes para obligarlos a trabajar para ellos”, explica la historiadora Viquiera, autora del libro “Rebelión Indígena”. en Chiapas».
No todos los males son causados por narcotraficantes
¿Está viviendo Chiapas una réplica de la violencia desatada por los narcotraficantes en los estados del norte de México? “Los cárteles no son una empresa centralizada. La situación es mucho más complicada y va más allá del escándalo mediático que solo habla de los cárteles de Jalisco y Nueva Generación. Hay otros actores de la inseguridad y el terror contra la población”, dice el estudioso chiapaneco.
La frontera entre México y Guatemala está custodiada por la Guardia Nacional. ¿Cuánta seguridad ofrecen las fuerzas creadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?
“En Frontera Comalapa hay hasta un retén aduanero. Y lo peor es que los crímenes se están dando ante los ojos de las tropas del gobierno mexicano, sin que ellos hagan nada”, dice el investigador, quien concluye que “no hace falta sentido es común pensar que si ellos (los miembros de la Guardia Nacional) no hacen nada es porque están en connivencia con grupos criminales». Peor aún, añade, “los ciudadanos denuncian que son agredidos por la misma Guardia Nacional”.
¿Está fracasando también la política de abrazos en el sur?
Este 1 de junio, el gobierno de AMLO reforzó la zona de conflicto en Chiapas con más tropas del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal con destino a comunidades de la Frontera Comalapa, luego de siete días de enfrentamientos armados entre dos organizaciones criminales que se disputan el territorio aledaño. a Guatemala, según informes El siglo de Durango.
Ante esta situación, ¿han quedado los migrantes en el fuego cruzado y en mayor vulnerabilidad? Según la ONG Pueblos sin Fronteras, el 10 de mayo había unos 50.000 migrantes varados en la frontera con Guatemala. “Los migrantes son incluso víctimas de los mismos grupos que supuestamente los ayudan a llegar a Estados Unidos, pero que los secuestran para extorsionar a sus familias”, dice el profesor Viquiera.
Si ni los mexicanos ni los extranjeros de paso están protegidos del crimen organizado, ¿fracasó la política de AMLO de más abrazos que balas? . “Lo que se ha intentado desde el sexenio del (expresidente Felipe) Calderón (2006-2012) no funciona. Hay que combatir a los grupos criminales a nivel local, no mandar al Ejército ni a la Guardia Nacional porque además de ser ajenos a las regiones, no conocen el accionar ni las estructuras de la delincuencia local”, dice Viquiera. Al final, insiste, “ninguna política de seguridad funciona si no se han satisfecho las necesidades de educación, salud y trabajo de las comunidades”.
(rml)
