El grupo de 78 congresistas de Chile que fueron elegidos por sorteo para hacerse un examen de drogas lo harán a partir de este lunes (22.08.2022) en el marco de un nuevo reglamento interno que busca prevenir el consumo de sustancias y aumentar los estándares de transparencia en el trabajo parlamentario.
Las pruebas -que consisten en una muestra de cabello para detectar rastros de cocaína, cannabis, benzodiazepinas, opiáceos o anfetaminas- se realizan en los laboratorios de la estatal Universidad de Chile desde este lunes hasta el 30 de agosto. Los resultados estarán disponibles dentro de 10 a 15 días y será pública, aunque estarán exentos aquellos congresistas que justifiquen previamente el consumo por motivos médicos o terapéuticos.
En caso de que alguna de estas personas dé positivo, y no haya justificado su consumo, se levantará el secreto bancario para demostrar que no existen movimientos de dinero injustificados y así evitar delitos relacionados con el narcotráfico. Luego, deberán justificar las transacciones que hayan realizado en el mismo mes por encima de los 28.000 dólares y, de no poder hacerlo, tendrán sanciones de entre el 2% y el 15% de su asignación parlamentaria.
“Tenemos que empezar a legislar en este tema. Es importante que nosotros como empleados públicos nos tomemos en serio esta prueba, cumplamos la normativa”, dijo Rubén Oyarzo, de la Partido Popular (derecha) y el primer diputado en someterse al examen.
A finales de septiembre deberá pasar la prueba el segundo grupo de 77 diputados restantes (de un total de 155) que no resultaron electos en esta primera vuelta. La iniciativa, impulsada por la derecha, fue aprobada el pasado mes de julio por amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión, aunque parte de la izquierda critica que «vulnera el derecho a la vida privada».
“Si hay parlamentarios que consumen drogas es porque compran drogas, y si compran drogas, pueden ser extorsionados por quienes las proveen”, dijo el diputado Juan Antonio Coloma, del partido conservador Unión Democrática Independiente (UDI), durante la discusión.
Si alguien de las bancadas legislativas se niega a someterse al control, tendrá una sanción de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. La prueba será semestral y se aplicará por lo menos dos veces a cada diputado dentro de su mandato de cuatro años.
amores (efe, Reuters, biobio)
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