La delegación llegó a Ecuador el pasado miércoles para analizar la crisis carcelaria derivada del hacinamiento en las cárceles y los enfrentamientos entre bandas rivales dentro de las cárceles.
«Daremos todas las recomendaciones con respecto a la dignidad humana y los derechos que corresponden a las personas privadas de libertad», agregó Ralón.
El relator confió en que la crisis carcelaria «se puede solucionar con la colaboración de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo», con cuyos representantes se reunió la delegación.
En su recorrido, el equipo visitó cuatro cárceles en las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil. Las peores masacres han tenido lugar en esa última ciudad.
En el penal Guayas 1, en el puerto de Guayaquil (suroeste), 62 personas murieron el 13 de noviembre cuando reos de un pabellón ingresaron a otro para matar a miembros de una pandilla rival con armas de fuego, explosivos y machetes. En esa misma prisión, en septiembre, otros 119 reclusos fueron asesinados en una de las peores masacres carcelarias de América Latina.
Ecuador registra un hacinamiento del 30% en las cárceles del país, que tienen capacidad para unas 30.000 personas, pero albergan a unas 39.000, de las cuales 15.000 no tienen sentencia.
Para combatir la violencia en el interior de las cárceles, el gobierno extendió el lunes, por otros 30 días, el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros.