Comisiones del Senado avalan el dictamen para regular outsourcing


  • También se garantizará el acceso de los trabajadores a la participación en los beneficios.

Con mayoría de 25 votos a favor y solo dos abstenciones, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el acta de la Cámara de Diputados con un proyecto de decreto que regula la externalización o subcontratación.

El dictamen aprobado, que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que está prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté inscrito en el registro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STPS).

La reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de beneficios, reconocido en la Constitución, cuyo monto tendrá un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación percibida en los últimos tres años, aplicando la cantidad resultante más favorable para el trabajador.

Además, establece una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro millones 481 mil pesos (MDP) a empresas que incumplan las disposiciones.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma “trascendental” que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos anuales por subcontratación.

Hasta 10 millones de personas en el país

Aunque las cifras oficiales hablan de 4,5 millones de trabajadores contratados mediante outsourcing, en realidad hay entre ocho y 10 millones, dijo Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La implementación tardará 6 meses

Con la prohibición de la subcontratación, el plazo y los procesos de adecuación tienen que ser revisados ​​con mucha prontitud, y será necesario un plazo de al menos seis meses para que las empresas adapten su sistema administrativo a la nueva legislación, advierte ManpowerGroup, empresa especializada en materia laboral. subcontratación.

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Un cambio tan significativo para los esquemas de contratación legal en México no puede ocurrir con miras al corto plazo, porque este tipo de decisiones inciden directamente en la competitividad del país para atraer inversiones, que al final son la materia prima para la creación de empleo, puntualizó. dicho. la organización.

“La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones tanto para el sector público como para el privado debe hacerse en paralelo, porque este esquema existe en ambos sectores, por lo que lo más apropiado es que ambos entren en vigencia al mismo tiempo, el 1 de enero. 2022 ”, explicó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower.

AMD