
Casi a diario, las desafortunadas excentricidades de la política y la economía argentina suman ejemplos que desafían la imaginación y también la vergüenza. El estrafalario cierre de listas electorales antes de las PASO o las artimañas para trazar un acuerdo con el FMI que oculta el incumplimiento masivo de las metas comprometidas en el último pacto son sólo los casos más recientes. Pero en la justicia también abundan los incidentes que Justifican la pésima evaluación popular del desempeño de los magistrados.
Él destitución expresa de Cristina Krichnersus hijos y sus presuntos cómplices en las ostensibles operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, ordenadas por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 en noviembre de 2021, habían escalado a la cima de la obscenidad, con una variante inédita: la justicia que no juzga.
Todos los cercos habían caído: ya no se trataba de las triquiñuelas procesales desgraciadamente habituales de retrasar los expedientes hasta aparcarlos en el olvido, ni de la aparición o desaparición oportuna de pruebas y testigos mágicos que detienen o dan la vuelta a casos resonantes con un chasquido de dedos. , o el simple e impune almacenamiento de carpetas durante años en beneficio de funcionarios, empresarios o sindicalistas corruptos.
Ya fue directamente envía dos causas a la basura con sus instrucciones completascon procesamientos confirmados en la Cámara Federal y presentaciones a juicio repletas de pruebas gravísimas, contra nada menos que el ex presidente y actual vicepresidente del país.
Evitar el juicio oral -donde todas las partes deben demostrar sus argumentos y pretensiones ante un tribunal y el público presente en la sala o a través de Internet, al final de cuyo proceso se establece la inocencia o culpabilidad del imputado- implicó Renunciar a la función exclusiva de todo el Poder Judicial.
Ningún discurso kirchnerista, marcha a las Cortes, proyecto legal de reforma del fuero federal o proceso de impeachment a los ministros de la Corte hubieran causado más daño a la credibilidad de toda la estructura de la justicia argentina que si La muerte cerebral autoinfligida de los médicos Daniel Obligado y Adrián Grünberg del TOF 5 Fue avalado por la Casación Federal.
¿Qué excusa puede ser válida para fingir locura y renunciar a la obligación de organizar un juicio que ya estaba muy avanzado, con una lista aprobada de testigos? ¿Qué buena persona, inocente de los hechos que se le imputan, aceptaría otra cosa que limpiar su nombre con una sentencia de inocencia firmada por un tribunal oral?
Las respuestas parecen obvias, pero no lo eran. Una vez cumplidas las formalidades del proceso de apelación a finales del año pasado, la Sala I del máximo tribunal penal del país ya estaba en condiciones de emitir su decisión, y estaba obligada a hacerlo antes de marzo.
Pero pasaron los días y los meses, y aunque dos de los jueces –Daniel Petrone y Diego Barroetaveña– Hicieron saber que ya estaban listas sus votaciones, faltaba la tercera, correspondiente al presidente de esa Cámara: Ana María Figueroa.
Misterios de un juez clave
La veterana camarera fue pieza clave del caso, en el que Las presiones políticas cruzadas casi entierran las razones legales. que acabamos de enumerar. En agosto Figueroa cumplió 75 años de edad que la Constitución establece como el límite máximo para que los jueces permanezcan en activo, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.
Esa llave que busca utilizar el médico estaba en manos de los senadores, presidido por la imputada en el expediente más importante que debía resolver Figueroa: Cristina Kirchner.
Si bien el reclamo pudo haber sido la causa de su excusa inmediata para intervenir en el caso Hotesur, eso no ocurrió, y durante meses hubo una especie de amenaza cruzada, al mejor estilo del western, con pistoleros que desenvainan sus armas y apuntan. el uno al otro simultáneamente: Mientras el Senado discutía la prórroga del acuerdo de Figueroa, la jueza pisó su voto -y con él, la resolución del caso- Lo que más le importa al vicepresidente.
La vergonzosa novela concluyó hace dos semanas, cuando después Clarín publicó que la camarista había cobrado su salario completo de agosto -3.7 millones de pesos- aunque no trabajaba desde el día 9, el Tribunal finalmente decidió poner fin al asunto y la echó de la corte, sin hacer nada más que su trabajo: interpretar la Constitución según su propia jurisprudencia, establecido para este caso en el único precedente del juez Leopoldo Schiffrin.
El juicio oral, una caja de Pandora
Volvamos al caso Hotesur, uno de los más comprometidos para la vicepresidenta. Tras la luz verde de la Casación -que seguramente será apelada por el abogado Carlos Beraldi ante la Corte- deberán elegirse al menos dos jueces para integrar el nuevo Tribunal Oral, ya que la doctora Adriana Pallioti no validó la movida de su sus colegas a despedir a los acusados sin juzgarlos, y está en condiciones de hacerlo.
Sacarán del congelador los trabajos que ya estaban adelantados para iniciar las audiencias, para cuyo inicio deberán fijar fecha. Esas medidas podrían tomarse a lo largo del próximo año.
Entonces comenzará el juicio y quedará claro por qué Cristina hizo todo lo posible para evitarlo. El precedente del caso Carreteras aún está frescodonde los testigos dieron vida a las miles de páginas de la investigación que nadie conocía, y se expusieron las martingalas en beneficio de la pareja de la vicepresidenta, Lázaro Báez. También está imputado en el caso Hotesur, como cliente de los hoteles de la familia Kirchner. Decimos cliente y no usuario, precisamente porque en el caso quedó demostrado que el contratista Pagó cientos de habitaciones que nunca usó, «devolviendo» parte del botín que había amasado con obras públicas que no terminó ni inició.
La traumática experiencia de Vialidad asusta a la principal imputada en Hotesur: ya no es la incómoda foto en el banquillo que la mortificó en 2019, sino las pruebas ventiladas a los cuatro vientos y acusaciones demoledoras como la del fiscal Diego Luciani, hasta ahora irrefutable.
Por último, pero casi más importante que nada, la kriptonita inevitable en el archivo que acaba de ser revivido es que también Tenía a Máximo y Florencia Kirchner entre sus imputados, la principal preocupación de su madre. El diputado es señalado como presunto organizador de la asociación ilícita que habría encabezado su madre, y a su hermana como partícipe de las maniobras de lavado de dinero, ya que Fue directora de la inmobiliaria Los Saucesla otra empresa familiar investigada por blanqueo de capitales.
Hasta que en agosto de 2017 el juez Claudio Bonadio ordenó que dejaran de pagarle el salario por esa función, Florencia percibía un salario que en octubre de 2016 era de 61.229,55 pesos en mano. Si bien su rol era el de “directora sin funciones asignadas, sin carga de trabajo y domiciliada en Buenos Aires”, su salario incluía conceptos como “perfecta asistencia”. Un detalle: Los Sauces operaban en Río Gallegos.
Incluso los funcionarios judiciales más comprometidos con la acusación admitieron en privado que Florencia no fue artífice de ninguna maniobra ni tuvo un papel activo en el presunto lavado de dinero.pero su firma en los opacos balances de la empresa y su responsabilidad como consejo de administración fueron un obstáculo demasiado alto incluso para quienes pretendían beneficiarla.
La cuadratura de ese círculo fue la solicitud que un alto emisario K llevó a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia en el verano de 2020, días antes de que estallara la pandemia: Wado De Pedro, Ministro del Interior y verdadera esquirla del árbol kirchnerista intentó esa gestión apenas iniciado el gobierno. Dicen en el tribunal que sólo logró llevar un café en el estómago. Luego ocurrió la riña del TOF 5, y ahora la reapertura del caso.
Fuentes muy bien informadas insisten en que esas solicitudes de clemencia para Florencia se reactivaron en los últimos meses, y finalmente lograron comprensión. De satisfacerlos, el juicio oral y sus imponderables habría sido una complicación. Pero la mano salvadora se extendió justo a tiempo.