Los titulares de los poderes judiciales de todo el país, encabezados por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvareziniciará esta semana una cruzada en el Cámara de Diputados para que se les asignen los recursos necesarios y poder aplicar íntegra y fluidamente las recientemente aprobadas Código Nacional de Procedimientos Civiles y de Familia dentro de los cuatro años, según establece la vacatio legis.
Ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaeste martes señalarán la urgente necesidad de modificar el artículo 6 Transitorio del citado ordenamiento jurídico, con la supresión del tercer párrafo, lo que significa que los tribunales ya cuentan con los tribunales que requerirán para el funcionamiento del nuevo código, y en el que sólo sugiere una reordenación de los órganos jurisdiccionales en materia civil y de familia.
Los 32 presidentes sugerirán a los legisladores que no sea así, a fin de alertarlos sobre los riesgos que implicaría no contar con los recursos presupuestarios para la implementación de tan importante disposición legislativa, de la que no hay precedentes en el país. para la impartición de justicia en materia civil y de familia, y cuya aprobación en el Congreso de la Unión Significó la expedición de una legislación avanzada capaz de proteger a los indefensos de manera expedita y cabal, a través de procesos en los que todos tengan certeza de sus derechos.
En la reunión que se realizará en la Cámara de Diputados, el conatrib Informará a los legisladores sobre la experiencia que han tenido los poderes judiciales con la implementación de otras reformas constitucionales, la más reciente, la laboral, en cuanto a su impacto en sus cargas de trabajo y afectación de sus recursos humanos y gastos de funcionamiento.
Pondrán sobre la mesa que la Conatrib necesita un esquema similar al que se implementó para la implementación del sistema procesal penal acusatorio, en 2015, que si bien no fue óptimo, sí permitió que fuera posible su ejecución, a través de la autorización de recursos. tanto federal como local, con lo cual fue factible su inicio.
En cuanto a la implementación de la materia laboral, se señalará a los legisladores que el recurso federal fue muy limitado, mientras que el recurso estatal no fue previsto en la proporción que se hizo con el sistema procesal penal acusatorio, que lindaba con los tribunales en un extremo. crisis en sus presupuestos, que actualmente los tiene en condiciones desfavorables para la implementación de un nuevo mandato constitucional de gran alcance, como el que están por enfrentar.
Junto a este intercambio de ideas con los legisladores de la referida comisión, cada uno de los presidentes de los órganos judiciales locales buscará dialogar con los diputados federales de sus entidades, con el fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de recursos, así como los congresos locales de cada estado.
