El Gobierno nacional da un paso decisivo en la reestructuración de las pensiones no contributivas por invalidez. En medio de una orden judicial, se ha oficializado el inicio del proceso de conversión de oficio para todas las pensiones otorgadas antes de septiembre de 2025. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, implica un cambio significativo en el registro y una exhaustiva verificación de miles de beneficiarios.
Con la promulgación de la Ley Nacional de Emergencia por Discapacidad (Nº 27.793), los beneficios pasarán a denominarse Pensión de Invalidez No Contributiva para la Protección Social. Este cambio responde a la necesidad de regularizar y fiscalizar de manera más rigurosa las pensiones otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
El trasfondo de esta medida se remonta a un conflicto legal entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El proyecto de ley de emergencia había sido vetado en su totalidad por el Gobierno a mediados de 2025, pero el Congreso logró su sanción. Posteriormente, el Ejecutivo intentó suspender su aplicación argumentando falta de presupuesto, sin embargo, un fallo judicial obligó a su inmediata implementación.
La Secretaría Nacional de la Discapacidad ha dejado claro que la medida se está llevando a cabo bajo la presión de amparos judiciales, sin reconocer hechos ni derechos previos. El proceso de conversión de oficio abarca todas las pensiones otorgadas antes del 22 de septiembre de 2025, con una revisión exhaustiva de los requisitos y la continuidad de pago para los beneficiarios durante el proceso de verificación.
Además, se destaca la necesidad de contar con datos actualizados de los beneficiarios para reducir el riesgo de fraude y errores administrativos. La reestructuración institucional también es parte de esta medida, con la absorción de la Agencia Nacional de Discapacidad por el Ministerio de Salud y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
En resumen, el Gobierno busca regularizar el marco regulatorio de las pensiones no contributivas por invalidez, garantizando un uso eficiente de los recursos públicos. Esta medida, aunque generará un proceso de auditoría para los beneficiarios, pretende ordenar las cuentas públicas y asegurar la protección social de quienes más lo necesitan.
