Tras doce años en el consejo de administración del Banco de España (BdE) –por cierto, como parte de una cuota catalana de gloria incierta– uno tiene ganas de seguir revisando la labor de nuestro supervisor bancario. El máximo exponente de su posicionamiento lo tiene que encontrar el analista en el informe anual; de hecho, es el único documento que requiere la aprobación del consejo de gobierno e, incluso, en sesión extraordinaria, el gobernador lo lee en sesión plenaria del consejo.
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Me ha quedado, pues, la afición de pesca en la elaboración del informe del Banco de España de cada año. De estas últimas, relativas a 2022, me gustaría destacar algunas medidas que se proponen y que las contraindicaciones que contienen las hacen inciertas. La mayor incertidumbre resulta de contemplar la distancia entre la creación de empleo y la aspiración a converger en ingresos con Europa, ante la caída de la productividad. Creamos empleo, pero el PIB no sube de la misma manera, lo que significa que la productividad media cae, y por tanto no nos acercamos a la convergencia europea. De hecho, cuanto más aumenta la tasa de ocupación, menor es la productividad por hora trabajada. Tenemos más activos, y los que trabajan hacen más horas, pero el brecha El PIB per cápita en comparación con Europa no disminuye. Los nuevos empleados, muchos de ellos recién llegados, lo hacen en puestos de bajo valor agregado, y van acompañados de suficientes pasivos (familias enteras, desempleados o trabajadores de la economía informal) para que la renta per cápita no aumente. ¡Estamos atrapados, entonces, entre crear empleo, aunque sea de baja calidad, o cambiar el modelo productivo a costa de un previsible paro!
A mayor tasa de empleo, menor productividad
En política tributaria, igualmente, se postula la activación de medidas fiscales para enfrentar el cambio climático, pero por otro lado se habla de compensación, ante la regresividad de las primeras. También se recomienda eliminar las deducciones y beneficios fiscales. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Estos afectan principalmente al impuesto de sociedades, afectando a las tasas de rentabilidad de las inversiones en escenarios temporales que asumen estos beneficios y deducciones.
También tenemos al país atrapado en una consolidación fiscal que todo el mundo sabe que tiene que hacerse en algún momento, con un déficit estructural del 4% del PIB. Entonces, naturalmente, el BdE recomienda que se haga, dice que ahora es el momento, disponer como disponemos de los fondos de Próxima Generación, que no computan en el déficit. Pero, ¿quién se atreve a hacerlo cuando la alarma aún no existe? Y, políticamente, ¿quién lo hace en un escenario electoral?
Para aumentar la recaudación, el informe reitera la conveniencia de aumentar el impuesto al consumo y, en su caso, compensar con transferencias la redistribución negativa que introduciría. Sin embargo, no está claro cómo hacerlo, acostumbrados como estamos a los beneficios universales. De hecho, las presiones de tutti quanti hoy están dirigidos a bajar el IVA y subirlo.
Más contraindicaciones encontramos en las medidas financieras, en las que el Banco de España sigue atrapado en su doble alma: por un lado, quiere asegurar la solvencia de las entidades que supervisa, y así evitar preventivamente males mayores; y, por otro, como regulador, busca preservar el interés público, ya que gracias a la base de su protección (rescates) disfrutan nuestros bancos. De modo que el Banco de España acaba aceptando tácitamente el refuerzo de los beneficios de las entidades; por ejemplo, a través de las comisiones fijas que cobran los bancos por la gestión de los fondos de pensiones, muchas veces gestionados de forma ruinosa, oa través de los depósitos no remunerados, en un momento de tipos de interés al alza.
Los bancos hacen caja, y el supervisor puede tener un problema menos, pero el crédito a la economía productiva no está asegurado, ni por la competencia contra el oligopolio ni por la remuneración del ahorro. Frente al afán de aumentar la solvencia de los bancos con estos beneficios está la dificultad de contener el reparto de dividendos. Aquí está la contraindicación.
