La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este lunes (25.07.2022) a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por los denominados “falsos positivos”.
Como “falsos positivos” se denomina al asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos para aparentar operaciones militares muy exitosas en el contexto del conflicto armado.
Según la JEP, más de 300 víctimas fueron ejecutadas por la Brigada XVI entre 2005 y 2008 en algunos municipios de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá. Los «falsos positivos» representaron casi las dos terceras partes de los resultados informados por esa unidad militar en ese momento.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha señalado que, sólo en Casanare, los militares utilizaron al menos 140 millones de pesos colombianos (unos 30.600 euros al día de hoy) de las arcas públicas para financiar su actuación delictiva.
Todo esto habría ocurrido bajo las órdenes de Torres, quien se estima que tenía unas 70 personas bajo su mando. La mayoría de las víctimas eran hombres de entre 18 y 25 años, si bien es cierto que entre los civiles muertos hay mujeres, algunas incluso embarazadas.
Según explicó el juez Óscar Parra en rueda de prensa, los 22 imputados «realizaron atentados organizados de gran envergadura con la intención de asesinar a personas indefensas que fueron presentadas como bajas en combate», y considera que «no se trata de hechos aislados cometido espontáneamente».
ies (ef, El Tiempo)