El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes (19.07.2022) a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su «lista negra» de trata de personas, al considerar que no cumplen con los estándares fijados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo afirma el Departamento de Estado en su Informe sobre Trata de Personas 2022, donde repasa la situación a nivel mundial. Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros diecinueve países en la «lista negra», como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, señalando que “no cumple en absoluto con los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
Los traficantes de personas usan la «corrupción» para hacer que los gobiernos hagan la vista gorda, dijo Estados Unidos.
Régimen permisivo de Caracas con las pandillas
EE.UU. señala que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que en su informe se refiere como el “régimen”, no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano “continuó brindando apoyo y manteniendo un ambiente permisivo para los grupos armados no estatales que reclutaron y utilizaron a niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y el trabajo forzado operando con impunidad”.
Respecto a Cuba, el informe indica que, «a pesar de la falta de esfuerzos significativos», el Gobierno de La Habana ha tomado algunas medidas para abordar la trata de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes.
La exportación de trabajadores cubanos
Aún así, destaca que durante el período estudiado hubo una “política de gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación para trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso.
En este punto, el gobierno estadounidense menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana “continuó desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de trata”.
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega ha “minimizado” la gravedad de este fenómeno.
Específicamente, el informe indica que Managua no ha informado sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de «delitos de trata» de seres humanos, a pesar de «la corrupción endémica y la amplia complicidad de los funcionarios», ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
Estados Unidos señala que «observadores» han cuestionado la validez de que el Ejecutivo de Nicaragua documente la trata de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos «observadores» han señalado que el Gobierno «oscureció o clasificó erróneamente intencionalmente casos de tráfico para minimizar las estadísticas».
jc (efe, afp)