El informe destacó que los candidatos fueron elegidos a través de una «amplia participación ciudadana» del 65,26%, aunque el seguimiento ciudadano Urnas Abiertas, no reconocido por el régimen, estimó la abstención en más del 81%, lo que indica que el 75,8% corresponde al 18% de la población que acudió a votar, la mayoría simpatizantes del régimen y los empleados estatales obligados a votar.
Ortega iniciará un cuarto mandato consecutivo el 10 de enero de 2022. Para Murillo será su segundo mandato como vicepresidenta.
En esta elección, el dictador Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aumentó el número de escaños en la Asamblea Nacional de 70 a 75, de 91 escaños. De los escaños restantes, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quedó con 10 y los otros seis se distribuyeron entre cuatro fuerzas minoritarias y se clasificaron como «colaboradores» del régimen.
“El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua destaca el desarrollo ‘ejemplar’ de todo el proceso de elecciones generales de 2021, donde efectivamente se garantizaron elecciones libres, justas y transparentes para todos los nicaragüenses”, dijo el informe favoreciendo al régimen de Ortega y negando así a los presos políticos y víctimas de la dictadura instalada en el país centroamericano.
Más de 50 países, entre ellos 27 de la Unión Europea y 25 estados miembros de la OEA, desconocían la legitimidad de esta elección, argumentando que siete candidatos a la presidencia fueron encarcelados entre junio y octubre de este año, y siguen en prisión.
Los diputados «electos» a la Asamblea Nacional prestarán juramento el 9 de enero, mientras que Ortega y Murillo lo harán el 10 de enero.