Rivera se registró este viernes, que fue el último día de inscripción para los participantes en la contienda electoral legislativa de Florida. Rivera competirá en las elecciones primarias del Partido Republicano por el distrito 119, que incluye el área de West Kendall, Country Walk y The Crossings.
El último cargo que ocupó Rivera como funcionario electo fue en el período 2010-2012. El excongresista perdió su escaño luego de verse involucrado en escándalos de fraude electoral que mantuvieron en problemas legales a su exestratega y exaliada Ana Alliegro, y a Justin Lamar Sternad, candidato que los dos primeros habrían utilizado para diezmar la campaña del demócrata Joe García. en las primarias de ese partido para el Congreso federal en 2012.
Alliegro y Lamar cumplieron condenas en prisiones de Florida por el caso de fraude electoral, pero Rivera nunca pisó la cárcel a pesar de haber sido supuestamente el «cerebro» de la trama.
Durante el escándalo, Alliegro estaba en Nicaragua, gracias a los vínculos de Rivera con el régimen sandinista. Luego de más de un año en la ciudad de Granada, Nicaragua, Ella Alliegro fue detenida por el régimen de Daniel Ortega, entregada a las fuerzas federales y extraditada a Estados Unidos. Fue juzgada en la ciudad de Miami y pasó seis meses en la cárcel.
Rivera viajó en reiteradas ocasiones a Costa Rica desde donde cruzó la frontera para ingresar a Nicaragua, según registros de Migración costarricense que revelan las fechas de su llegada y salida de Nicaragua, durante el período de estancia de Alliegro en la nación centroamericana.
David Rivera y diputados del FSLN y FMLN.jpeg
El Periódico de las Américas
Por ese caso, Rivera fue condenado a pagar 456 mil dólares, lo que daría por concluida una batalla legal en los tribunales de justicia entre el exlegislador y la Comisión Federal de Elecciones, a la que se le encontró responsable por ser parte de un plan para pagar un “ candidato fantasma» durante las elecciones primarias demócratas en 2012.
más demandas
Rivera enfrenta una investigación federal por no registrarse como agente extranjero a favor del régimen de Nicolás Maduro. Rivera fue demandado por la estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) y por su filial en Estados Unidos PDV USA, actualmente controlada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por presunto incumplimiento de un contrato de relaciones públicas por un monto de 50 millones de dólares dólares.
Rivera fue contratado por PDVSA en 2017, en manos del régimen de Nicolás Maduro, para realizar labores de cabildeo, porque esa empresa estaba al borde de la quiebra. El trabajo del exfuncionario electo sería «mejorar» la reputación de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y sus relaciones con la clase política estadounidense.
PDVSA enfrenta sanciones de Estados Unidos acusada de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
PDVSA firmó un contrato por 50 millones de dólares con la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, que operaba desde el condominio de Rivera y su única empleada era una hermana del entonces legislador, explicó en su momento el diario Times.
Actualmente, Rivera está siendo demandado por incumplimiento de contrato por parte de PDV USA, que busca recuperar $ 20 millones, que supuestamente le pagó la petrolera estatal PDVSA. El exdiputado federal, por su parte, presentó una reconvención contra la petrolera solicitando el pago de $50 millones, equivalente al valor total del contrato de cabildeo supuestamente incumplido.
El 5 de mayo, el presidente del Comité de Relaciones del Senado, Bob Menéndez, envió una nueva carta al Fiscal General Merrick Garland preguntando por qué Rivera no ha enfrentado ningún cargo por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
Menéndez dijo que le preocupaba que el Departamento de Justicia hubiera avanzado poco en las «acusaciones serias y creíbles» de que Rivera no se registró como agente extranjero a pesar de trabajar para PDVSA. Menéndez envió previamente una carta al exfiscal general adjunto John Demers el 18 de mayo de 2020, solicitando una investigación sobre el asunto.
“El pueblo estadounidense merece saber si un excongresista republicano cumplía en secreto las órdenes de un dictador responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, dijo Menéndez en la carta.
Tirador explicó que Rivera no está inhabilitado para competir en las primarias republicanas por el escaño del distrito 119, porque las demandas de Rivera son civiles y no penales.
“Juzgo a David Rivera por su comportamiento como funcionario electo, cuando fue Diputado Estatal por el distrito 112 y como diputado federal y en su cargo oficial siempre cumplió e hizo un buen trabajo”, dijo Tirador.
Tras los escándalos, Rivera ha realizado varios intentos de volver a la política estadounidense sin resultados hasta el momento.