Al igual que Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la clausura del Congreso, con el argumento de que, sin su propia mayoría, no podría gobernar. Si bien es cierto en ambas circunstancias, en ambos casos no existían instrumentos legales que les permitieran tomar esa medida.
El autogolpe de Perú de 1992, también llamado «Fujimorazo», congreso disueltointervinieron el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
También, hubo persecución a miembros de la oposición y secuestro de personas. Según encuestas de la época, el 82% de la población apoyó esta medida debido al descrédito del Parlamento.
Según Fujimori, el Congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre temas relacionados con la lucha contra Sendero Luminoso, y muchas de las sesiones clave no alcanzaron el quórum suficiente para aprobar leyes. Fujimori consideró al Parlamento, entonces, como un «Congreso filibustero».
Con un evidente temblor en las manos, Castillo anunció que también dicta «convocar a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes en el menor tiempo posible». preparar una nueva Constitución en un plazo no superior a 9 meses«.
El mismo plan de Fujimori en 1992, que materializó en 1993 con el plebiscito que consagró la actual Constitución, con un congreso unicameral, uno de los grandes obstáculos que tiene la gobernabilidad en el país.
Hoy, el Congreso también tiene el mismo nivel de desaprobación que hace 30 años. Pero Castillo no cuenta con el apoyo popular que tuvo Fujimori en 1992 y, menos aún, no cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas sostener una medida de esta naturaleza.
A las pocas horas de que el Congreso abordara la tercera solicitud de juicio político, Castillo, acosado por cada vez más denuncias de corrupción no solo hacia él sino hacia su entorno, tomó una medida que le costó muy caro. El Congreso no solo ignoró la decisión presidencial, sino que ahora sí tenía argumentos para «vaciarlo» por violar la Constitución, precisamente el artículo 117 que establece que puede echarlo del poder si el jefe de Estado cierra el Parlamento.
Aunque los parlamentarios de izquierda no estaban dispuestos a apoyar su destitución por «incapacidad moral permanente»no estaba claro que pudiera seguir apoyando a un presidente que le quitó uno de los poderes al Estado al disolver el Congreso y decretar el estado de emergencia, además de anunciar que gobernaría por decreto.
El resultado de su destitución es elocuente: 101 votos de un total de 130 congresistas.
Incluso los ministros peruanos de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su renuncia. A través de sus respectivas cuentas de Twitter, los titulares de estas carteras, Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respectivamente, anunciaron su decisión de dejar el Ejecutivo alegando su “apego a los valores democráticos” y constitucionales.
Un golpe que será difícil de sostener y justificarno solo en Perú, sino en la región.
Desde hace meses, la vicepresidenta, Dina Boluarte, se ha distanciado del presidente y será, por decisión del Congreso, la sucesora de un jefe de Estado que, nadie sabe aún por qué, jugó una carta tan extrema sin contar con el respaldo que tuvo, hace 30 años, Alberto Fujimori.
De prometer una revolución democrática con el apoyo del «pueblo», Castillo terminó su breve gobierno -asumió el 28 de julio de 2021- solo y abandonado incluso por sus seguidores. Al igual que Fujimori en noviembre de 2000, fue derrocado por un Congreso que una vez había cerrado. y prisionero
