El paro general convocado para este 19 de febrero en Argentina ha generado un impacto económico estimado en $696.268 millones, equivalentes a casi 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Según el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), esta cifra representa el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del mes de febrero y el 17,3% del PIB que se generaría en un día normal de actividad.
El informe señala que, dependiendo del grado de cumplimiento, el costo total podría oscilar entre 400 y 600 millones de dólares. La interrupción del servicio de transporte público es uno de los factores determinantes en la magnitud del impacto. Si el transporte no cumple con la medida, la pérdida económica se reduciría aproximadamente en 180 millones de dólares.
Más de la mitad de los daños estimados están relacionados con la movilidad urbana y la incapacidad de los trabajadores para desplazarse. Los sectores más afectados por la caída de la producción son la industria manufacturera, la construcción, el comercio, y los servicios de educación y salud. La recuperación en algunos sectores será parcial, mientras que en otros, como los restaurantes, la pérdida será definitiva.
El informe destaca que el impacto económico es relativamente más limitado debido a que estamos en febrero, un mes de menor intensidad económica. Sin embargo, la contracción en la facturación puede traducirse en una disminución temporal de los ingresos, especialmente en impuestos vinculados al consumo y la producción.
A pesar de la discusión política y sindical, los números evidencian la dimensión económica de una jornada sin actividad plena. Cada día sin producción cuenta para una economía en proceso de recuperación. El debate sobre el costo-beneficio de las medidas contundentes divide opiniones entre los sindicatos, el sector empresarial y el Gobierno.
En resumen, el paro del 19 de febrero dejará huella en las cuentas nacionales de Argentina. Si bien parte de la actividad perdida se podrá recuperar, el resto representa producción que no se generó y que no volverá. La cifra de $696.268 millones funciona como referencia de la magnitud económica de una huelga general en el país en 2026, poniendo en el centro del escenario la relación entre conflictividad laboral y actividad económica.
