En esta noticia, el Gobierno argentino vuelve a poner sobre la mesa un tema controvertido: la bajada de la edad de imputabilidad. El reciente crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, perpetrado por menores de edad, ha generado un fuerte impacto público y ha reavivado la discusión en torno a este tema que el oficialismo ha buscado impulsar desde el inicio de su gestión.
La conmoción social causada por este trágico suceso ha permitido a La Libertad Avanza reforzar su argumento en favor de actualizar el régimen penal juvenil, argumentando que la gravedad de los delitos cometidos por menores exige un cambio en la legislación actual.
El presidente Javier Milei ha anunciado que durante las sesiones extraordinarias se enviará un proyecto de Ley de Bajada de Imputabilidad para menores que cometan delitos, argumentando que en Argentina «el que los comete paga, y el crimen de adultos merece castigo de adultos».
Por su parte, el oficialismo considera que la nueva conformación del Congreso ofrece mejores condiciones para que el proyecto sea aprobado, en comparación con el escenario del año pasado, cuando no se lograron los votos necesarios para su aprobación.
El calendario tentativo para el debate de esta ley ya está establecido: la discusión comenzará en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero. Las comisiones de Familias, Niñez y Juventud, Legislación Penal y Justicia serán clave en este proceso, ya que deberán discutir y negociar cada artículo del proyecto.
El proyecto propuesto fija la edad de imputabilidad en 14 años, aunque el Ejecutivo no descarta elevarla a 13 si es necesario para obtener los votos requeridos. El desafío político radica en lograr consensos con otros espacios políticos, como Unión por la Patria, que propone bajar la edad de imputabilidad a 16 años, lo que generará un fuerte debate en el Congreso.
Este debate no es nuevo para el kirchnerismo, que en el pasado ha intentado impulsar una ley penal juvenil sin éxito. En 2009, Néstor Kirchner planteó la discusión de una ley penal para menores, pero el proyecto fue bloqueado en Diputados. En 2013, Martín Insaurralde intentó retomar la discusión, pero tampoco logró el apoyo necesario.
El tema de la edad de imputabilidad seguirá siendo motivo de debate en Argentina, ya que involucra cuestiones sensibles de seguridad y justicia que requieren un amplio consenso político y social para su aprobación.
