El derecho a la privacidad en línea está más amenazado que nunca por el spyware

Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la privacidad en la era digital advierte de graves amenazas al derecho a la privacidad de las personas por el uso cada vez más extendido de herramientas tecnológicas de vigilancia, control y opresión.

Por esta circunstancia, el estudio aboga por el control de estos cibermedios a través de una regulación efectiva que cumpla con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos.

El análisis se centra en tres áreas específicas: el abuso por parte de las autoridades estatales de herramientas intrusivas de piratería informática (spyware o «programa espía»); el papel clave que juegan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea; y las repercusiones de la vigilancia digital generalizada de los espacios públicos, tanto en línea como fuera de línea.

«Las tecnologías digitales brindan enormes beneficios a las sociedades. Pero la vigilancia ubicua tiene un alto costo, ya que socava los derechos y frena el desarrollo de democracias dinámicas y plurales«, dijo la Alta Comisionada Interina para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.

“En definitiva, el derecho a la intimidad está más en peligro que nunca”, subrayó, subrayando que “por eso hay que actuar y hacerlo ya”.

El software espía convierte nuestros teléfonos en dispositivos de vigilancia

En el primer caso, el informe detalla cómo algunas herramientas de vigilancia -por ejemplo, el programa informático «Pegasus»-, puede convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en «dispositivos de vigilancia 24/7«, permitiendo al «intruso» acceder no solo a toda la información almacenada en nuestros móviles, sino que también los convierte en un arma para espiar nuestras vidas.

«Aunque supuestamente desplegadas para combatir el terrorismo y el crimen, estas herramientas de espionaje a menudo se han utilizado por razones ilegítimas, como la supresión de opiniones críticas o disidentes y de quienes las expresan, incluidos periodistas, figuras políticas de la oposición y defensores de los derechos humanos«, afirma el informe.

Por ello, subraya la necesidad de tomar medidas urgentes para hacer frente a la propagación de spywarey reitera el llamado a una moratoria en el uso y venta de herramientas de piratería hasta que existan las garantías adecuadas para la protección de los derechos humanos.

El informe sostiene que la intervención electrónica de un dispositivo personal por parte de las autoridades sólo debe realizarse como último recurso y en los casos que sirvan «para prevenir o investigar un acto concreto que suponga una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave concreto». .

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El cibercrimen es una amenaza en constante evolución.

El cifrado de datos sigue debilitándose

Del mismo modo, considera que la encriptación o encriptación de datos representa un elemento clave para la privacidad y los derechos humanos en el ámbito digital, pero destaca que «se está socavando».

El estudio pide a los Estados que eviten tomar medidas que puedan reducir la eficacia del cifrado, como la instalación de las llamadas «puertas traseras», que permiten el acceso a datos personales cifrados o el control sistemático de los dispositivos de las personas.

Alerta ante el aumento de la vigilancia de los espacios públicos

El informe también advierte sobre la creciente vigilancia de los espacios públicos. Las limitaciones anteriores en el alcance de los métodos de observación han sido destruidas por la recopilación y el análisis de datos automatizados a gran escala, así como por los nuevos sistemas de identidad digitalizados y las extensas bases de datos biométricas que facilitan en gran medida la expansión de estas medidas de vigilancia.

Las nuevas tecnologías también han permitido el seguimiento sistemático de las opiniones que las personas expresan en línea, incluida la recopilación y el análisis de las contribuciones de las redes sociales.

Además, indica que los gobiernos a menudo no informan adecuadamente al público sobre sus actividades de vigilancia, e incluso cuando tales herramientas se implementan para fines legítimos, pueden reutilizarse fácilmente, a menudo para fines para los que no fueron diseñadas originalmente. .

El informe destaca que Los Estados deben limitar las medidas de vigilancia pública a los «estrictamente necesarios y proporcionados» y centrados en lugares y tiempos concretos. Además, indica que se debe limitar la duración del almacenamiento de estos datos y que también es necesario restringir de inmediato el uso de sistemas de reconocimiento biométrico en espacios públicos.

Todos los Estados también deben actuar de inmediato para establecer regímenes sólidos de control de las exportaciones de tecnologías de vigilancia que planteen graves riesgos para los derechos humanos. También deben garantizar que se lleven a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos que tengan en cuenta de qué son capaces las tecnologías en cuestión, así como la situación en el país anfitrión.

Con información de un.org