La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la inmunidad del guardia fronterizo que mató a un adolescente mexicano y dijo que los padres de la víctima no tienen derecho a buscar una indemnización en territorio estadounidense.
El gobierno mexicano lamentó la decisión de la Corte y expresó su «profunda preocupación» por el antecedente que podría representar el fallo.
El asesinato ocurrió en 2010, cuando Sergio Hernández, de 15 años, se encontraba en territorio mexicano y fue tiroteado por el agente fronterizo Jesús Mesa desde el lado estadounidense. El joven falleció en territorio mexicano, a 18 metros de la frontera.
Hernández y tres amigos jugaban a correr hasta la reja alambrada que impide el paso hacia Estados Unidos para volver luego hasta territorio mexicano en la zona de Río Grande.
El agente, que disparó desde territorio estadounidense, argumentó que los jóvenes intentaron cruzar ilegalmente la frontera.
El gobierno de Donald Trump, que defiende una dura política contra la inmigración, le pidió a la Corte Suprema que garantizara la inmunidad del agente y afirmó que de otra forma se podría comprometer la seguridad nacional.
A México le preocupa el fallo por los «efectos que esta decisión tendrá en otros casos similares, en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano», indicó este martes la cancillería en un comunicado.
Con este precedente, «dichos casos ahora podrían tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país», advirtió la cancillería.
El caso
Este caso, que llegó a la Corte Suprema en 2017, tensó las relaciones entre Estados Unidos y México, que pidió la extradición del agente y representó a los padres del menor ante el alto tribunal.
En la querella, los padres del adolescente señalaron que el agente violó la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que proteger a los ciudadanos del uso desproporcionado de la fuerza.
México, enfatizó la cancillería en su comunicado de este martes, «ha presentado escritos de amicus curiae -opinión sobre el litigio- ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en tres ocasiones, ante el máximo tribunal estadounidense».
Por este y otros casos similares, México «ha expresado su enérgica condena a situaciones en las que autoridades de procuración de justicia recurren al uso de la fuerza de manera desproporcionada, y en ocasiones extraterritorial, particularmente en la frontera común», enfatizó la cancillería.
En su argumentación, Alito dijo que «los tiroteos transfronterizos y este tema en particular deben ser abordados mediante los canales diplomáticos».
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lamentó la muerte del joven pero concluyó que el agente no había violado el reglamento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y no presentó cargos.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, que agrupó a los cuatro jueces progresistas que estaban a favor de una compensación para la familia, señaló que este litigio no constituye una amenaza «ni para la política exterior ni para la seguridad nacional» y destacó que el hecho de que la bala golpeara a Hernández del lado mexicano era algo «fortuito».
La Liga de Congresistas Latinos lamentó la decisión en un comunicado en el que destacó que Sergio era «un menor desarmado cuando fue baleado a través de la frontera por el agente fronterizo Mesa».
«Debido a la decisión de hoy, la familia Hernández no tiene forma de buscar justicia por este asesinato», dijeron los congresistas.
La organización de derechos humanos Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo que los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para disparar mortalmente a adolescentes mexicanos al otro lado de la frontera. «La Constitución no termina en la frontera», apuntó la organización.
