El agravamiento de los abusos a los derechos humanos en Nicaragua volverá a ser discutido este viernes en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Allí, Argentina votará junto al grupo de países que condenarán -a través de una resolución especial- los ultrajes y persecuciones del régimen de Nicaragua, como ordenó el canciller Santiago Cafiero.
La resolución contra Nicaragua, impulsada por Antigua y Barbuda, será votada el viernes por la tarde y condenará las detenciones, hostigamientos y restricciones impuestas a los medios de comunicación y organizaciones religiosas. Según pudo saber este periódico, también insiste en la liberación inmediata de los presos políticos. Y reitera el ofrecimiento del Consejo Permanente sobre la conformación de un grupo de alto nivel que “colabore con el Gobierno en el restablecimiento del respeto y defensa de la democracia y los derechos humanos”.
Ya el 18 de febrero de 2022, Argentina apoyó una “Declaración sobre la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua”.
Ahora, Cafiero también buscará mostrar otra cara tras el revuelo que causó este miércoles un comunicado del subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Gustavo Martínez Pandiani, quien señaló que todos los países de la CELAC eran «democráticos».
Martínez Pandiani no los nombró específicamente pero se entendió claramente que incluían a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde la situación se deteriora cada vez más para la población y la disidencia.
Argentina invitó a los tres países a la cumbre de cancilleres de Buenos Aires junto con la Unión Europea y una de la CELAC (América Latina y el Caribe) el próximo diciembre. Con esto pretende diferenciarse de las exclusiones de los tres durante la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles.
Referente de Massa en la Cancillería, Pandiani es conocido por su sintonía con su jefe político para quien esos tres países son dictaduras. Es uno de los embajadores prooccidentales del Ministerio de Relaciones Exteriores y crítico de estos regímenes. Por lo tanto, su declaración de él causó sorpresa.
Como si eso no fuera suficiente, Cafiero también busca mostrar otro enfoque y se distancia de las declaraciones del embajador en China, Sabino Vaca Narvaja. El representante calificó el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán como una «provocación». Además de no ser un tema en el que deba involucrarse por su función, implicaba una peligrosa crítica a Estados Unidos.
Tras el estallido y la represión en Nicaragua en 2018, cuando la oposición se rebeló contra la dictadura de Daniel Ortega (hubo 350 muertos en enfrentamientos y detenciones en calles de distintas ciudades del país), la crisis en el país centroamericano creció. También la política de mano dura que se continuó durante la campaña electoral presidencial del año pasado.
La reelección de Ortega y su esposa vicepresidenta-copresidenta, Rosario Murillo, era desconocida por la Unión Europea, Estados Unidos y parte de la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA). Argentina no lo desconoció, pero con Nicaragua mantiene cierta distancia, a diferencia del vínculo que mantiene con Venezuela, y Cuba, hacia donde se extiende la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ortega decidió sacar a Nicaragua de la OEA, proceso que terminará a finales de 2023 por sus reiteradas críticas al régimen. Un caso similar ocurre con Venezuela, que está en proceso de salida. Pero es diferente al caso de Cuba, ya que la isla fue expulsada a principios de la década de 1960 de la organización bajo la presión de Estados Unidos cuando se embarcaba en la línea comunista y su alianza con la ex Unión Soviética.
En tiempos recientes, el parlamento nicaragüense, de mayoría sandinista gobernante, anuló la personalidad jurídica de 100 organizaciones no gubernamentales, con 1.268 ya fuera de la ley desde las revueltas de 2018.
La iglesia también atraviesa un momento crítico en Nicaragua. La institución y sus hombres y mujeres sufren persecución, allanamientos, cárcel, cierre de medios católicos y exilio de religiosos, sin que por ahora haya pronunciamientos del papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio.
