Javier Milei Afina su pluma para firmar un decreto simple para despedir a los empleados estatales contratados en 2023. Se publicaría el martes. Era una de las medidas que había anunciado el Ministro de Economía Luis Caputopero permaneció bajo la supervisión del Jefe de Gabinete Nicolás Posse. El Gobierno abandonará los contratos que vence el 31 de diciembre. Mientras tanto, el Gobierno prepara una auditoría de toda la planta estatal.
La decisión afecta contratado sin antigüedad en la administración central del Ejecutivo y en la organizaciones descentralizadas del Estado, además de empresas publicas y el corporaciones mayoritariamente estatales, como YPF.
Ni La Rosada ni los gremios estatales especifican cuántos contratos caerían. Sin embargo, hasta donde él podía decir Clarín de fuentes oficiales y sindicales hasta noviembre Hubo 7 mil contratados sin antigüedad previa. A ellos se podría sumar el corte contratado por ubicación de servicio que también expiran antes de fin de año.
Por ahora se desconoce qué pasará con los más de 45 mil contratados por el Estado, quienes llevan más de 12 meses laborando en la administración pública nacional, una informalidad que ha surgido en todos los rincones del Estado desde hace más de una década. En principio ellos renovará el contrato por 90 días mientras el Gobierno avanza con su auditoría y define si son puestos que se mantendrán en el nuevo organigrama.
En el Gobierno aseguran que en el decreto será exceptuado trabajadores contratados en el último año que completen ley de cuotas trans y discapacitadas. También resaltan que los trabajadores que fueron contratados por años y se incorporaron a la planta permanente durante el transcurso del año como parte del proceso de normalización impulsada por la administración de Alberto Fernández desde el inicio de su gestión, en convenio con UPCN y ATE.
Se trata de algo más que 12.200 concursos de los cuales Se completaron más de 9 mil. El ranking de organizaciones con mayor número de transferencias a personal permanente mediante concurso lo encabezó la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, con 680 puestos aprobados. Luego le sigue la Dirección Nacional de Migraciones -también dependiente del Ministerio del Interior-, con 551, y luego el Ministerio de Desarrollo Social, con 479.
También se podrían agregar excepciones si los responsables de cada área exigen que los contratados después del 1 de enero permanezcan en sus puestos. Para ello deberán justificar cada caso ante el Jefe de Gabinete y No podrán ampliar el contrato sin consultar. Se multiplican en el Gobierno los casos de funcionarios políticos de la administración saliente que permanecen en sus cargos, porque no encuentran sustitutos en el Ejecutivo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, espera precisamente que se multipliquen las excepciones habilitadas por el decreto. «Creemos que todos juegan un papel esencial y que por tanto el carácter excepcional previsto en el decreto, que consiste en que los órganos jerárquicos ratifiquen que las tareas realizadas por los trabajadores son esenciales, impedirá cualquier despido sin justa causa», afirma.
Los sindicatos ya han anunciado medidas contundentes, aunque en privado sostienen que La motosierra de Milei es más predecible que el corte que promovió Mauricio Macri. «Hay ciertos parámetros de previsibilidad. Mantienen las cuotas y las dejan abiertas a la evaluación de la patronal», reflexionó un dirigente sindical. La administración del expresidente despidió a casi 11.000 empleados en los primeros cinco meses de su administración.
La estatal UPCN, el sindicato mayoritario liderado por Andrés Rodríguez, quien tras la victoria de Milei había señalado que era necesario garantizar la gobernabilidad, anunció que se mudará el miércoles contra el mega DNU que el Presidente firmó el miércoles.
Mientras tanto, las distintas ramas de ATE repudiaron la iniciativa. Daniel Catalanode la sección ATE-Capital, se reunió con el Ministro del Interior Guillermo Francos en la Casa Rosada, pero no obtuvo respuesta y el miércoles marchó con organizaciones piqueteras en la primera manifestación contra Milei. El viernes, el sindicato que lidera Roberto Aguiar se movilizó hasta las oficinas de la sede de Gabinete en la ex Somisa. “Sin duda, la necesidad de avanzar hacia un paro nacional y el primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país está tomando fuerza en todo el país”, afirmó Aguiar.
Como Clarín avanzóAdemás del recorte entre los contratados, el Gobierno estudia un ajuste a los altos cargos. Se habla de congelación salarial y de reducción salarial de hasta el 15%.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi