El Poder Ejecutivo reestructura el área de salud pública con impacto en organizaciones científicas y de atención a personas con discapacidad
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo ha firmado dos decretos que traen consigo cambios significativos en el área de salud pública, con repercusiones en organizaciones científicas y de atención a personas con discapacidad. Estas medidas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, llevan las firmas del Presidente Javier Milei y del Ministro de Salud Mario Lugones, y entran en vigor de manera inmediata.
Disolución del Centro Nacional de Investigación Nutricional y fusiones dentro de ANLIS
El primero de los decretos, el 192/2026, establece la disolución del Centro Nacional de Investigación Nutricional, que estaba bajo la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Esta medida se justifica en que las competencias de dicho centro han sido asumidas progresivamente por otras áreas de la Administración Pública Nacional, volviéndolo redundante.
Además, el decreto ordena dos fusiones dentro de ANLIS: el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias se integrará al Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y el Centro Nacional de Control de Calidad Biológica será absorbido por el Instituto Nacional de Producción Biológica. Estas fusiones buscan optimizar el uso de las capacidades técnicas y operativas, consolidando procesos dentro de la estructura nacional de salud.
Modificaciones en la estructura organizacional del Ministerio de Salud y absorción de funciones de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad
El segundo decreto, el 193/2026, modifica la estructura organizacional del primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Salud, en el marco de la absorción de funciones que antes eran ejercidas por la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta norma incorpora nuevas unidades vinculadas a la Secretaría Nacional de la Discapacidad, elimina direcciones consideradas prescindibles y reorganiza el Fondo Nacional para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Consejo de Coordinación de Programas para Personas con Discapacidad, que pasan a depender de dicha Secretaría.
Ambos decretos forman parte de la política de contracción estatal impulsada por el Gobierno de Milei, con el objetivo de garantizar una mayor coordinación, un mejor uso de los recursos y una gestión más ágil en el ámbito de la salud pública. Es importante destacar que estas medidas no implican un aumento en el número de unidades organizativas del Estado nacional.
Impacto en el personal y actividades de las organizaciones involucradas
Estas decisiones tendrán un impacto directo en el personal y las actividades de las organizaciones afectadas. Sin embargo, los decretos no especifican qué ocurrirá con los trabajadores de las áreas disueltas ni con las investigaciones en curso en el Centro Nacional de Investigación Nutricional. Es fundamental seguir de cerca el desarrollo de estos cambios y las posibles implicaciones que puedan tener en el sistema de salud pública y en la atención a personas con discapacidad.
