El Grave Riesgo Contra la Libertad de Expresión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tratará hoy un asunto de gran trascendencia porque tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Esta discusión tiene que ver con una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso en 2017, con la cual se eliminaron algunas disposiciones legales que francamente iban en contra del objetivo de promover y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. .

Por ejemplo, la ley exigía que los noticieros diferenciaran lo que es información de lo que es opinión. Una medida que en primer lugar afecta la agilidad con la que se construye y transmite cualquier noticiario, ya sea por televisión o por radio, porque sus conductores tendrían que estar advirtiendo a la audiencia si las expresiones que se van a realizar en un determinado lapso de tiempo corresponden a información u opinión. Y bueno, quienes no cumplan con esta y algunas otras obligaciones de ese tipo, que habían sido eliminadas de la ley a raíz de esa reforma de 2017, estarían sujetos a sanciones que son, cuanto menos, excesivas.

Por ello, la preocupación comunicada por el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) el pasado viernes, a través de un comunicado de prensa, en el que aborda los aspectos preocupantes de la discusión en la Corte y que si el proyecto de fallo que discutirán los ministros podría causar un retroceso en la forma de difusión de las noticias, la libertad para realizar la labor periodística y, como ya mencioné, el ejercicio de la libertad de expresión, simplemente por el efecto inhibitorio que tienen las amenazas de penas excesivas.

Concuerdo con lo dicho por el IDET, que al dar vida a obligaciones que ni siquiera pueden justificarse como la mejor práctica internacional, se creará un ambiente de falta de certidumbre para los concesionarios de radio y televisión mexicanos, lo que “sin duda afectará negativamente los montos de inversión, la los flujos de ingresos esperados de estas concesiones y el número de puestos de trabajo, escenario indeseable frente a uno en el que existen las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Estamos hablando de una industria que genera 65,000 empleos en nuestro país, que genera ingresos por más de $27,000 millones de pesos al año y que, por las tentaciones controladoras de unos pocos que ponen en segundo plano la libertad de expresión, podría enfrentar escenarios que son adelante aún más adverso. Esperemos que no.

POR GONZALO ROJON
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@GROJONG

CAMARADA

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