Una explosión sacudió a los vecinos del barrio Cristo del Consuelo, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador el pasado domingo. El ataque dejó cinco muertos y unos 20 heridos. Pocas horas después, el Gobierno de Guillermo Lasso, que atribuyó el ataque al crimen organizado vinculado al narcotráfico, declaró Estado de Excepción en la ciudad. Sin embargo, este no es un hecho aislado en esa región.
En mayo pasado, un carro con explosivos explotó afuera de una Unidad de Policía Comunitaria y en abril otro vehículo detonó frente al Penal Regional del Guayas, ambos sin dejar víctimas mortales. Además, también se detectaron explosivos listos para detonar en entidades como la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura. El ataque de este domingo, informaron medios locales, se debe al enfrentamiento entre bandas que se disputan el control del microtráfico de drogas en el lugar.
“Hay un aumento de la violencia y la inseguridad en Ecuador, especialmente ligada al narcotráfico y al crimen organizado, principalmente en las provincias del Guayas, cuya capital es Guayaquil, Manabí y Esmeraldas, que limita con Colombia”, explica Quito a . la analista política Carolina Andrade, de la Red de Politólogos “No Sin Mujeres”. De hecho, según cifras oficiales, desde principios de 2022 se han registrado 197 eventos con artefactos explosivos. Y el 49 por ciento ocurrió en Guayaquil, Durán y Samborondón.
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Pero también en las provincias de El Loro y Los Ríos se ha observado un gran avance del crimen organizado. “Personas de esas zonas fueron desmembradas y colgadas de puentes. Estos hechos no se veían antes en el país y solo se conocían de otros países, como México”, dice el experto Andrade.
Por su parte, el politólogo ecuatoriano César Ulloa-Tapia recuerda que entre las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas hay un denominador común: “Las tres tienen puertos, es decir, son lugares desde donde se transporta la droga. La violencia, que se ha agudizado en los últimos tres años, no solo abarca la comercialización de drogas, sino también el sicariato. Además, no debemos olvidar que estamos ubicados entre los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú”.
Aunque aún no se ha informado oficialmente, según el politólogo Andrade, detrás de este último ataque estaban las bandas ecuatorianas llamadas Los Tiguerones, Los Lagartos o Los Choneros, que antes formaban parte de una organización mucho más grande. “Estos grupos locales se articulan y cumplen un rol de proveedores de los mercados internacionales vinculados, por ejemplo, con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, dice el analista ecuatoriano.
Estado de excepción, solución «parche»
El nuevo Estado de Excepción declarado por Lasso es el tercero durante su mandato. La última fue en abril, cuando también se registraron en paralelo ataques con explosivos. “Esta no es una solución de mediano y largo plazo, es una solución de ‘parche’ que ya se tomó en su momento solo como una estrategia de contención”, dice Andrade.
Para Ulloa-Tapia, los Estados de Excepción han demostrado que si bien existe en la opinión pública la sensación de que el gobierno está actuando, no han sido tan efectivos como el caso, de lo contrario no habría que recurrir a ellos con tanta frecuencia. “Algo que también dificulta el combate al crimen organizado es la débil institucionalidad en el sistema de Justicia, porque las evidencias confirman que hay infiltración, y posiblemente también en las Fuerzas Armadas y la Policía”, dice el politólogo.
Lo que se requiere con urgencia, a juicio de Andrade, “es una estrategia de intervención integral con presencia efectiva del Estado, con ministerios, como el de Inclusión Económica y Social, mientras se fortalecen capacidades a nivel de inteligencia e investigación especial”.
(es)