El equipo del presidente ya aprobó una ley relacionada con los impuestos criptográficos; en 2021, el Marco de Infraestructura Bipartidista, que luego se convirtió en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, incluyó una disposición fiscal controvertida que impondría ciertas reglas de informes a los corredores que facilitan las transacciones criptográficas. Muchos en la industria consideraron que la definición de «corredor» era demasiado amplia, hasta el punto de que los mineros y otros tipos de entidades que no facilitan transacciones directamente ni recopilan datos personales de quienes realizan las transacciones podrían considerarse corredores.
El plan presupuestario de Biden cerraría la escapatoria de la cosecha de pérdidas fiscales criptográficas
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