El Congreso de El Salvador, con amplia mayoría oficialista, aprobó este martes (19.07.2022) una cuarta prórroga del régimen de emergencia vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 46.600 detenidos y miles de denuncias de daños humanos. violaciones de derechos
La prórroga, con la que el régimen estará vigente por al menos 5 meses, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que integran el órgano Legislativo, dominado mayoritariamente por el oficialismo Nuevas Ideas (NI), y sin mayor discusión.
Como en ocasiones anteriores, la medida que suspende las garantías constitucionales para otorgar facultades especiales al Ejecutivo, fue prorrogada sin estudio ni discusión parlamentaria en una comisión y pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de prórroga de el consejo de ministros.
La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de estos derechos no debe exceder un plazo máximo de 30 días y sólo se prorrogará si se mantienen las causas que generaron la declaratoria.
Se mantiene «amenaza grave», según decreto
Según el Gobierno y el Congreso, esta condición se cumple a pesar de que se controló la escalada de homicidios que marcó los días más sangrientos de la Administración Bukele y el 26 de marzo con más homicidios del presente siglo con 62.
Según el decreto legislativo, las pandillas continúan siendo una «grave amenaza» y «continúan en un proceso de desintegración», por lo que «los ciudadanos salvadoreños continúan en riesgo».
El documento aprobado señala que, de levantarse la medida extraordinaria, habría un «retroceso en los avances logrados».
Familiares de detenidos protestaron en San Salvador
Cientos de familiares de personas detenidas bajo el régimen de emergencia protestaron este martes en San Salvador para defender su inocencia y exigir su liberación.
Las personas, unas 200, se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo de San Salvador con pancartas, fotografías, carteles y camisetas con imágenes de sus familiares para exigir la liberación de sus familiares, quienes, dicen, son inocentes y han sido injustamente detenido.
A principios de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que autoridades estatales estaban perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco del régimen de emergencia, y alertó sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
jc (efe, afp, ElSalvador.com, El Faro)