El SAT por encima de la privacidad – El Financiero

En días pasados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó y aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, una tesis de jurisprudencia que impacta el derecho a la privacidad de las transacciones y operaciones de los usuarios del sistema Financiero. Dicho criterio corrobora la excepción contenida en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de secreto bancario.

Este criterio es relevante porque el secreto bancario es la protección que tanto los bancos como las instituciones financieras deben brindar respecto de la información sobre los depósitos y captaciones en general realizados y/o recibidos por los cuentahabientes.

En dicha resolución, la Corte Suprema estableció que la autoridad de tesorería puede obtener información del cuentahabiente sin necesidad de autorización judicial, y determinó que el secreto bancario no es absoluto, y en consecuencia, las instituciones y/o bancos pueden entregar dicha información a la tesorería.

Esta determinación de la Corte es relevante, ya que de acuerdo al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relacionada con las operaciones y servicios bancarios es confidencial; no obstante, el citado numeral en su fracción IV establece como excepción, la facultad de las autoridades fiscales federales de solicitar noticias o información relacionada con las operaciones y servicios bancarios de los clientes y usuarios del sistema financiero para efectos fiscales.


Sin embargo, debido a que esta facultad está contemplada en la ley como una excepción, ha sido cuestionada en el pasado en varias ocasiones por los tribunales.

La Corte Suprema, al analizar la regularidad constitucional de esta disposición excepcional, dejó claro que en aras del control y la recaudación, y para evitar transacciones con recursos de procedencia ilícita, el derecho a la intimidad no puede considerarse absoluto, ya que el impuesto Las autoridades pueden legalmente requerir información sin atender a la garantía de justificación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, mediante el cual es necesario contar con orden escrita de autoridad competente para molestar a las personas en su patrimonio, protegiéndose así a las personas de cualquier injerencia arbitraria o abusiva. Cabe decir que dicha disposición constitucional es consistente con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Con esta decisión, la Corte Suprema resolvió el amparo donde el solicitante de amparo federal alegó la inconstitucionalidad del artículo 142, lo que se tradujo materialmente en que la autoridad de hacienda pudo obtener la información necesaria para interponer una demanda contra el solicitante de amparo. , por un delito equiparable a la defraudación fiscal.

Independientemente de que el actor haya cometido o no el delito que se le imputa, la preocupación que genera esta resolución para muchos estudiosos del derecho radica en la arbitrariedad subyacente que podría darse en la actuación de la autoridad hacienda, y que al no estar obligada a obtener una orden judicial de una autoridad competente podría dar lugar a abusos.

La decisión de la Corte es congruente con la sentencia de la Sala Primera en la contradicción de la tesis 147/2021 resuelta el 9 de febrero de 2022, en la que se determinó que la autoridad fiscal puede mostrar a la autoridad ministerial información bancaria proporcionada por la Banca Nacional. y Comisión de Valores obtenidos sin control judicial previo, como base de una demanda por delitos fiscales.

Sin embargo, el criterio anterior de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde resolvió el amparo directo en el proceso de revisión 502/2017, amparaba claramente a los cuentahabientes y usuarios del sistema financiero, pues en ese caso , el denunciante manifestó que el artículo 117, fracción II de la Ley de Instituciones de Crédito, (ahora derogado pero vigente al momento de los hechos delictivos), transgredió su seguridad jurídica, en relación con el secreto financiero o bancario como parte del derecho a intimidad protegida en el artículo 16 de la Constitución Política, ya que facultaba a la representación ministerial local a solicitar información que se considere privada, sin autorización judicial.

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Llama la atención la decisión de la Corte Suprema, ya que si bien reconoce el derecho a la intimidad, subordina esta garantía constitucional a los fines recaudatorios del Estado, según informa la propia Corte. Sin embargo, dado que el alto tribunal tiene dos ministros que eran jefes del Servicio de Administración Tributaria, tal posición no debería sorprender.

Al validar la excepción del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Corte Suprema argumentó, por un lado, que al ponderar el derecho a la intimidad frente a la obligación del ciudadano de contribuir al gasto público, debe entenderse que esta obligación es de mayor jerarquía que el derecho a la privacidad y por lo tanto, el Estado puede justificar solicitar esta información sin autorización judicial.

Por otro lado, la Corte Suprema consideró que la solicitud de información financiera a la autoridad fiscal no es una técnica de investigación relacionada con el proceso penal, sino un acto meramente administrativo para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este sentido, vale la pena reflexionar sobre el razonamiento de la Corte Suprema, esto es, si la obligación del ciudadano de contribuir al gasto público contemplada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, debió ponderarse con la garantía salvaguardada en el artículo 16 de la la Constitución que protege a los ciudadanos de cualquier injerencia arbitraria o abusiva.

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Desde otra perspectiva; Sería razonable considerar que esta obligación también conlleva derechos, en el caso que nos ocupa, la obligación del ciudadano de contribuir al gasto público corresponde a derechos de proporcionalidad, equidad y legalidad, siendo este último importante, pues implica que los aportes están contemplados en la legislación que en este caso es Ley Federal.

En consecuencia, si la Corte Suprema consideró que la Ley de Instituciones de Crédito que consagra la excepción a la garantía constitucional del artículo 16 es superior a la garantía misma, entonces le está dando mayor jerarquía a la ley que a la Constitución misma, por lo que la argumento señalado por la Corte violaría el orden constitucional.

Es discutible si los argumentos del alto tribunal son correctos. En efecto, si bien el ejercicio de la potestad tributaria del Estado conlleva ciertas obligaciones y derechos, en este caso, el riesgo del ejercicio arbitrario de esta potestad por parte del Estado recaudador está latente, por lo que debe ser a través del control judicial que se respete el secreto bancario. garantizada y que sólo con causa fundada y motivada, mediante la intervención de un juez, puede transgredir la intimidad de las operaciones y bienes económicos de los particulares.

Pilar Benegas

Pilar Benegas es una reconocida periodista con amplia experiencia en importantes medios de USA, como LaOpinion, Miami News, The Washington Post, entre otros. Es editora en jefe de Es de Latino desde 2019.