La estrategia dictada desde Miraflores ordena ofrecer esta reforma a la ley como la decisión de reinstituir el máximo tribunal y mejorar el sistema judicial del país bajo el plan de endurecer aún más el control político. Las supuestas buenas intenciones también están dirigidas a alentar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien nuevamente denuncia escasos avances en las acciones legales para responsabilizar a las cadenas de mando de funcionarios del régimen responsables de graves violaciones a los derechos humanos. .
Maduro ha tenido especial cuidado de no tocar, señalar o investigar a ningún funcionario de la cadena de mando en un esfuerzo por demostrar lealtad a quienes cumplieron las órdenes enviadas desde Miraflores. Por ello, sólo se ha imputado a los autores materiales y en ningún caso se ha investigado a los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. Como parte del teatro, la Fiscalía de Maduro cumple su rol. Es por eso que el Ministerio Público envió recientemente una circular interna solicitando ciertos actos concluyentes y órdenes de aprehensión, todo bajo la consulta de Tarek William Saab. Es obvio que se sienten presionados por la CPI.
Sabemos que el régimen cuenta con recursos y poderosos aliados que se han activado a diferentes niveles para sacarlo del atolladero de la Corte Penal Internacional. La estrategia de la dictadura es no dejar un solo cabo suelto por donde se pueda colar un argumento en su contra, y hay muchos.
En cuanto a la nueva ley del TSJ, el esfuerzo se ha dirigido a parecer eficiente, aunque la decisión de reducir el número de magistrados de 32 a 20 solo busca concentrar el control.
Esta ley reformada parece ir en contra de la aprobada por Chávez al aumentar el número de magistrados en 2004 bajo el argumento de hacer frente a la demora procesal, cuando lo cierto es que luego del juicio contra militares el 11 de abril de 2002, Chávez decidió reducir la capacidad de decisión de los magistrados que no se dejaban presionar por él, por lo que decidió poner en aprietos las salas del TSJ sumando nuevos representantes de su confianza.
A partir de entonces, los jueces fueron nombrados a mano, se hicieron frecuentes las destituciones arbitrarias sin que los jueces tuvieran derecho a la defensa. Las estadísticas se han vuelto dramáticas. Desde 2004, el TSJ no ha convocado un solo concurso de oposición para la designación de jueces, por lo que estos funcionarios son designados con carácter temporal, accidental o provisional y son fácilmente sujetos a presiones externas. En materia penal, el escenario es dramático: el 80 por ciento de los jueces no son titulares. Todo ello sin mencionar a las bandas mafiosas, entre las que destaca la banda de enanos que llevó a Mikel Moreno a presidir el máximo tribunal.
Ahora Maduro quiere, con menos jueces, aumentar, a través de esta ley, el dominio del régimen sobre el TSJ. Para garantizarlo, evitaron cumplir con los parámetros constitucionales de participación de la sociedad civil en la preselección de los magistrados. Tanto es así, que al eliminar las postulaciones de iniciativa propia, están obligando a todos los candidatos a pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, que es más o menos como un debate dentro del PSUV, o peor.
Una cosa es cierta: el TSJ se quedará con los 20 magistrados que han dado mayores muestras de lealtad, aunque hayan vencido sus mandatos.
El régimen insistirá en su teatro, montado para limpiar la sangre de su rostro, perfumar el olor de los muertos, maquillar las marcas y aplacar los gritos de tortura.
No hay voluntad de hacer justicia, ni intención de detener los abusos y violaciones a los derechos humanos evidenciados en crímenes de lesa humanidad.