Luisa pensó que había entrado a una oficina para regularizar su estadía en México, pero de repente Ella fue arrestada. La muerte de 39 migrantes en una de estas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.
“Eso es un calabozo, un centro de detención, como si uno fuera un delincuente”, dice la venezolana Luisa Jiménez en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
Se refiere al centro donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez (sur de Chiapas), donde según ella la llevaron con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de pedir asilo en Estados Unidos. De hecho Le avisaron que tenía que salir del país.
«Es un lugar asqueroso», agrega la mujer de 56 años, describiendo condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 39 migrantes recluido en una celda que -según la fiscalía- ningún agente incluso trató de abrir.
Esta tragedia se desató la noche del pasado lunes cuando un migrante incendiar colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Varios habían sido interceptados en las calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban coches, también con la oferta de permisos de residencia.
«No hay extintores, detectores de humo. si hay cámaras“, dice el nicaragüense Moisés Chávez, de 41 años, quien hace apenas una semana estuvo recluido en la misma celda, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan a los migrantes con desdén, según su descripción.
Era la segunda vez que lo llevaban a esa dependencia del Instituto Nacional de Migración (INM), en el ojo del huracán por el accidente en el que fallecieron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. .
Bajo sospecha de homicidioel juzgado emitió órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del INM, dos guardias privados y el migrante que presuntamente inició el incendio.
Imágenes de la cámara a la que se refiere Moisés revelaron el momento en que se inició el incendio, sin que agentes del INM ni guardias privados evacuaran a los 68 detenidos.
Centros de servicio en el exterior
Sobre el papel, este tipo de instalaciones son centros de atención y alojamiento para extranjeros que no puedan acreditar su permanencia legal en México.
Pero “allí te tratan como a un preso”, dice la venezolana Yusleidy García, quien estuvo detenida en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez. Las mujeres y los hombres están confinados en instalaciones separadas.
«Pasé la noche fría, te quitan todas tus pertenencias. En la celda donde yo estaba había 150 personas” de varias nacionalidades, denuncia.
Estas condiciones contrastan con las normas para estos lugares emitidas por el gobierno en 2012, que ordenar una nutrición adecuada, protocolos de higiene, así como «protección y protección de personas y bienes» en caso de disturbios.
En estancias provisionales -como la del bombero- los migrantes no pueden permanecer más de siete días.
Algunos son trasladados a estaciones migratorias, donde la permanencia no debe exceder los 15 días para resolver su situación y recibir asistencia legal, pudiendo incluso ser deportados.
Aunque se los llevan con la promesa de permisos de residencia, migrantes consultados por AFP aseguran que en realidad reciben notificaciones para salir de México dentro de 10 a 30 días.
Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades detuvieron al menos a 318.660 personas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos los menores.
Es necesario «poner fin a este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantesmiles» de migrantes, denunció la organización tras el incendio.
“Los puestos migratorios no son ‘refugios’, sino centros de detención, y la gente no está ‘alojada’ allí, sino privada de su libertad”, acusó la ONG, en alusión a declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Tras la catástrofe, la oficina de Naciones Unidas en México recordó que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular prohíbe las detenciones arbitrarias y pide que las detenciones legales duren lo menos posible.
Otros estándares internacionales abogan por alternativas al arresto, recordó la ONU.
Luisa estuvo detenida dos días, luego de un largo viaje en el que cuenta que dormía junto a cadáveres de migrantes en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y comía lo que otros tiraban.
Indignada por haber terminado en la cárcel cuando solo buscaba un permiso, se enfrentó a un agente con una pregunta: «¿Es un delito migrar?». «Me dio la espalda y se fue», recuerda.
AFP
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