El gobierno español aprobó el martes medidas de emergencia para ayudar a los hogares a pagar el creciente costo de la electricidad y prometió limitar las ganancias obtenidas por las compañías eléctricas como resultado del reciente aumento en el precio del gas natural.
Los precios al por mayor del gas natural en Europa se han disparado a niveles casi cinco veces superiores a los de 2019. El aumento del precio está provocando un aumento en las facturas de electricidad, porque el gas se utiliza a menudo para generar electricidad. Algunos otros gobiernos europeos también han esbozado recientemente planes para ayudar a los consumidores, incluida Grecia, donde el gobierno está creando un fondo para subsidiar las facturas de electricidad que pagan los hogares.
En España, la fuerte subida se ha convertido en un problema político. Pedro Sánchez, el primer ministro socialista, lidera un gobierno de coalición de izquierda minoritaria que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, un partido comprometido con la protección de los hogares más vulnerables. El paquete de medidas de emergencia protegería, entre otras cosas, a las familias más pobres que no pueden pagar sus facturas al extender el período de gracia antes de que los servicios públicos puedan cortar el suministro eléctrico.
La acción del gobierno fue anunciada después de que Sánchez describiera sus planes en una entrevista televisiva el lunes por la noche. Sin proporcionar detalles, dijo que alrededor de 650 millones de euros (alrededor de $ 770 millones) de «ganancias extraordinarias» se tomarían de las empresas de energía y se «redirigirían a los consumidores».
Algunos acogieron con satisfacción la decisión del gobierno. “Ningún gobierno español se había atrevido jamás a enfrentarse a las empresas energéticas que controlan nuestro mercado como un oligopolio, por lo que considero que esto es histórico, pero obviamente va a generar mucha ira en estas empresas”, dijo Javier García Breva, un ex legislador español y experto en energías renovables.
Pero un político de oposición del partido Ciudadanos, Edmundo Bal, dijo que Sánchez estaba apresuradamente aplicando un «parche» al problema energético, en lugar de buscar una solución a largo plazo.
Las compañías eléctricas dijeron que las medidas serían contraproducentes. Los precios del gas natural han aumentado en toda Europa debido a una variedad de factores, incluido un resurgimiento de la demanda mundial después de los bloqueos pandémicos y una ola de frío a fines del invierno que agotó los niveles de almacenamiento.
Iberdrola, una de las tres principales empresas eléctricas de España, dijo que los precios de la energía estaban aumentando debido a «factores internacionales» y que la acción del gobierno no los restringiría. La asociación que representa a los productores de energía nuclear de España amenazó con suspender sus operaciones en respuesta.
Sánchez se comprometió a reducir las tarifas eléctricas pagadas por los consumidores al nivel de 2018, excluyendo la inflación. Las medidas aprobadas el martes incluyen un recorte del impuesto a la generación eléctrica, que pagan los consumidores, hasta finales de este año. En junio, el gobierno redujo el impuesto al valor agregado pagado en las facturas de electricidad al 10 por ciento desde el 21 por ciento.
Los últimos datos de la oficina nacional de estadísticas muestran que los españoles pagaron el mes pasado alrededor de un 35 por ciento más que un año antes por su electricidad, mientras que el precio mayorista de la electricidad ha seguido subiendo en las últimas semanas.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica de España, dijo a los periodistas que las medidas de emergencia ayudarían a reducir la factura de electricidad mensual que pagan los hogares en un 22 por ciento.
Para lograr este objetivo, el gobierno limitará las ganancias obtenidas por las empresas energéticas por el aumento mundial de los precios del gas natural hasta al menos marzo, cuando se revisará la situación.
“El pronóstico para los próximos meses apunta a una espiral sin precedentes”, dijo Ribera, que a su vez “impacta en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”.