El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias* dijo este viernes que Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad por violaciones de derechos humanosredoblar los esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas y tomar las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.
Al término de una visita oficial a la nación sudamericana, los expertos destacaron que, a la fecha, no se ha realizado un ejercicio de aclaración exhaustivo y reconstrucción de la verdad sobre las violaciones cometidas contra las garantías fundamentales.
El Grupo indicó que Uruguay debe tomar medidas efectivas para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos en el pasado.
“Está Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revertir de inmediato la falta de avances en la búsqueda de personas desaparecidas durante más de cinco décadas”, dijeron los expertos en un comunicado.
En sus observaciones preliminares, consideraron urgente una política de Estado integral, coherente y participativa que rompa el silencio y contribuir a mejorar la recopilación de información “tanto de fuentes humanas como documentales”.
Compromiso con la verdad
Los especialistas destacaron el compromiso de las víctimas y los familiares de los desaparecidos con la verdad y la preservación de la memoria históricaasí como su exigencia de garantías de no repetición.
También subrayaron su valentía y lucha incansable para encontrar a los desaparecidosgarantizar la justicia y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el período de acción ilegítima del Estado y la dictadura, entre 1968 y 1985.
Resaltaron el papel de las víctimas y sus familias en la generación de un consenso social que reconoce y rechaza los crímenes de la dictaduraasí como su labor en la construcción de un “nunca más”, pero lamentó el posible cambio de narrativa que se percibe en iniciativas que tienden a diluir la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado.
Para el Grupo de Trabajo, el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos es positivo y tiene credibilidad y confianza entre las víctimas.
En este punto, se refirió a la próxima elección de una nueva Junta Directiva de esa institución, destacando la necesidad de que los candidatos representen a actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos.
La reparación no es para todas las víctimas
En cuanto a las medidas de reparación para víctimas y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, el Grupo expresó su preocupación por a criterios establecidos, que no cumplen con los estándares internacionales.
Los expertos explicaron que muchas víctimas que fueron desaparecidas y sometidas a actos de tortura y violencia sexual durante su detención no han sido reconocidos oficialmente hasta la fecha, por lo que no se beneficiarán con medidas de reparación.
También expresaron su alarma por las leyes de reparación, que no incluye niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a los derechos humanos durante el período 1968-1985.
Cooperación internacional contra los abusos de la Operación Cóndor
Respecto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la Operación Cóndorel Grupo instó a Uruguay a brindar la asistencia judicial internacional necesaria para los procesos penales.
La Operación Cóndor fue una Campaña de represión política y terrorismo de estado respaldada por Estados Unidos que unió a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para silenciar a personas consideradas «elementos subversivos».
“Uruguay debe cooperar con otros Estados en la asistencia, búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en caso de muerte, en la exhumación, identificación y restitución de sus restos”, subrayó.
Los expertos pidieron no descuidar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes Tras su estancia en centros de protección estatal, ya no ignoran las desapariciones de mujeres, que podrían haber sido víctimas de explotación sexual y trata.
Señalaron que hay un clima de estigmatización y la ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas ya la investigación efectiva de estos casos.
El Grupo de Trabajo presentará al Consejo de Derechos Humanos las observaciones finales de su visita a Uruguay en septiembre de 2023.
* El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está integrado por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo: Luciano Hazán (Argentina); aua balde (Guinea-Bisáu); gabriella citroni (Italia); Henrikas Mickevicius (Lituania); Y Angkhana Neelapaijit (Tailandia).
El Grupo de Trabajo fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para ayudar a los familiares de personas desaparecidas a averiguar su paradero o destino. El Grupo actúa como canal de comunicación entre las familias y los gobiernos involucrados para asegurar que los casos individuales sean investigados, con el objetivo de esclarecer el paradero de las personas que, habiendo desaparecido, se encuentran fuera del amparo de la ley. . El panel de expertos continúa tratando los casos de desaparición hasta que se resuelvan. Además, el Grupo de Trabajo brinda asistencia a los Estados para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para obtener más información sobre el Grupo de Trabajo, visite: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-disappearances
Los Grupos de Trabajo de la ONU son parte de lo que se conoce como el procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son empleados de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Sus miembros son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Con información de un.org