Un grupo de expertos de Naciones Unidas expresó este lunes (22.5.2023) su «consternación» por la reciente renovación del estado de excepción en El Salvador, que rige desde hace más de un año y por el que ya han sido detenidos. unas 67.000 personas.
Los expertos de la ONU piden al Gobierno, presidido por Nayib Bukele, que revise el estado de excepción y las «amplias facultades» que otorga al Ejecutivo salvadoreño. La medida fue adoptada en 2022 por el Gobierno de El Salvador, tras una ola de asesinatos relacionados con pandillas.
Detenciones basadas en sospechas
«A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio en nombre de la seguridad pública», argumentan los expertos.
En ese sentido, piden a las autoridades salvadoreñas no realizar detenciones por mera sospecha y garantizar un trato justo a las personas detenidas por presunta pertenencia a pandillas.
En particular, el grupo de expertos internacionales ha expresado su preocupación por la figura legal del «delito flagrante permanente», que favorece las detenciones sin orden judicial. Además, especialistas de la ONU expresan su preocupación por los masivos juicios virtuales en los que, habitualmente, se dictan entre 400 y 500 sentencias, tras defensas que duran menos de cinco minutos.
“El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en rebeldía y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, vulneran las garantías del debido proceso”, afirman.
Zonas empobrecidas de El Salvador
Los expertos de la ONU también lamentan que este estado de emergencia esté afectando «severamente» a las personas que viven en las zonas más empobrecidas de El Salvador.
Los firmantes de la declaración son la Relatora Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaute, la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, y la Relatora sobre Asuntos Extrajudiciales, Sumarios o Ejecuciones arbitrarias, Morris Tidball-Binz. MS (efe/ohchr)