Expropiación, tan vieja como la argentinidad

La intervención estatal en la economía de nuestro país tiene largo expediente. El cepo al dólar, los planes de asistencia económica y la restricción de compra de divisas extranjeras… el Estado siempre se cernió sobre la actividad económica argentina como una sombra oscura y pesada.  

Sin embargo, la intervención más temida siempre fue la expropiación, ese monstruo del aparato de estado que los medios nos presentan como nuevo cada vez que reflota. No obstante, este fenómeno tiene décadas de historia, casi tan vieja como nuestra misma identidad económica.

El escándalo Vicentin

La última actividad estatal de este tipo fue la del grupo Vicentin, una de las principales empresas aceiteras y oleaginosas de Argentina y la región.

En 2020, el gobierno de Alberto Fernández anunció el rescate y expropiación de la empresa santafesina, bajo el pretexto de un inminente riesgo de quiebra.

Sin embargo, en junio del mismo año, Fernández aceptó la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y desistió de la expropiación. El plan era tomar el control de la administración del grupo y poner a funcionar la estructura industrial con supervisión judicial.

Hoy, Perotti intenta poner en marcha un fideicomiso provincial que maneje la empresa hasta componer una nueva sociedad mixta, sin los actuales dueños. Cuenta con el respaldo del Presidente.

Los canales de televisión se hicieron eco del caso Vicentin, provocando que más de uno se rascara la cabeza preocupado, y encendieron la mecha de los sectores jóvenes conservadores, quienes experimentaron su “primera expropiación” como adultos.

No obstante, volviendo a nuestra premisa, viajamos por la historia y probamos que la intervención y las expropiaciones son tan viejas como la argentinidad misma.

“Revolución del ‘43” (1943)

El gobierno del Grupo de Oficiales Unidos impuso por un golpe de estado el 4 de junio de 1943 una dictadura. En los tres años de régimen, estos militares se sucederán entre sí en el poder.

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Nuestra primera parada comienza con la Corte convalidandi una expropiación dispuesta por el gobierno mediante el dictado de distintos decretos. En estos resolvieron declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación una serie de inmuebles ubicados en Salta, a fin de instalar una base militar.

Los demandados se opusieron a la expropiación por entender que como resultado de ella resultaban afectadas sus actividades comerciales. Sin embargo, la Corte confirmó la expropiación.

Con Perón (1946-1955)

Por medio de decretos, desde el gobierno “extirparon” un consorcio de sociedades pertenecientes a la familia Bemberg y sometieron el negocio a una liquidación a un régimen especial -distinto del creado por la ley de sociedades de la época.

También asignaron la causa a un juez determinado y declararon la inapelabilidad de las decisiones que se adoptaran en el proceso legal. Prácticamente una confiscación arbitraria de bienes.

Con Juan Carlos Onganía (1966-1970)

Durante la gestión de Onganía declararon de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de las acciones del ingenio Palmas del Chaco Austral.

Si los tenedores no se presentaban dentro de los catorce días desde la primera publicación del Boletín Oficial, promoverían el juicio de expropiación.

Asimismo, convocarían a una asamblea extraordinaria de accionistas para la elección del directorio y síndico.

Alrededor de la misma época, declararon la intervención amplia y total de la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe SA y dispusieron la caducidad de su directorio y sindicatura.

El gobierno de Santa Fe se encargaría de designar al interventor, que tendría las mismas facultades que el directorio y la sindicatura.

También dispusieron intervenir por el término de treinta días la “Sociedad Textil Escalada S.A. Industrial, Comercial y Financiera”, con domicilio en Capital Federal y con establecimiento industrial en la provincia de Tucumán. El interventor tenía las mismas facultades que el estatuto le confería al directorio.

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Con Roberto Levingston (1970-1971)

Expropiaron las empresas Paz y Posse Ltda e Ingenio San Juan SA. El interventor sería designado y sustituiría al directorio, la sindicatura, la asamblea de accionistas y demás órganos societarios. Los funcionarios previos fueron suspendidos mientras durara la intervención.

Con Jorge Rafael Videla (1976-1981)

El gobierno intervino la Fábrica Argentina de Vidrios y Revestimientos de Opalinas Hurlingham y dispuso la caducidad del mandato de su directorio y sindicatura.

El Ministerio de Bienestar Social tenía a cargo la designación del interventor y establecimiento de las modalidades del ejercicio del cargo. El interventor tendría las mismas facultades de los órganos sociales y actuaría conforme a las directivas que impartiera el Ministerio.

Durante el gobierno de facto presidido por Videla, expropiaron e intervinieron tres empresas.

Bajo el mismo método, expropiaron Aluar Aluminio Argentino y el Grupo Greco.

Con Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)

El gobierno dispuso la estatización de los fondos previsionales y de las AFJP. Esto suponía la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y el traspaso a las arcas del Estado de todos los depósitos que los aportantes habían realizado.

En octubre de 2009, comenzó a tratarse la Ley de Medios, que implicaba una intervención en las empresas titulares de los medios. El artículo 161 de la ley obligaba a los titulares de licencias que no se ajustaran a los nuevos requisitos a adecuarse a ella mediante la transferencia de las licencias de las que eran titulares.

Básicamente, se les obligaba a vender o ceder bienes o derechos que habían adquirido legítimamente.

El gobierno de Cristina Fernández impulsó leyes interventistas con el pretexto de la democratización de la información.

Sumado a esto, la ley 26.736 dispuso la intervención estatal de la empresa Papel Prensa, proveedora de los principales diarios del país.

Algunos artículos especificaban que el régimen aplicaba también a los compradores del papel, lo que dejaba en evidencia el propósito de controlar la prensa escrita.

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En mayo de 2012, el Congreso Nacional sancionó la ley que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones que pertenecían a la empresa española Repsol.

Curiosamente, no buscaron expropiar el paquete accionario que pertenecía a privados de la empresa.

Expropiación de YPF S.A

El mismo día en que enviaron el proyecto de ley, sancionaron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que dispusieron la intervención transitoria de YPF SA, por un plazo de treinta días.

El objetivo era “asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio”. Además buscaban “asegurar el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país”.

Además de esto, designaron como interventor al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El mismo tendría las facultades que el estatuto de YPF SA confiere al directorio y/o al presidente de la empresa.

El DNU de referencia implicó la confiscación de las acciones sujetas a expropiación y el apoderamiento de la totalidad de la empresa sin pagar indemnizaciones.

Nuestra maldita argentinidad

Luego de repasar la historia argentina y su inseparable vínculo con la intervención estatal en la economía, es importante destacar que esta política no es inherente a una forma de gobierno. Lo vimos con Videla y con Cristina, con Perón y con Onganía.

La utilidad de las expropiaciones es tema aparte, material para otro artículo. Lo importante es que, con la derecha o con la izquierda, con el populismo o en un régimen de facto, hay dos cosas que no pueden faltar en la ecuación argenta: un estado que acecha y la argentinidad que nos hace sentir omnipotentes, haciendo siempre lo mismo, esperando resultados distintos a los que obtenemos hace casi cien años, nuestra maldita argentinidad.

Redactora, periodista.