El comercio internacional ha experimentado un cambio radical en Argentina con la llegada del Gobierno de Javier Milei, liderado por Luis Caputo y Pablo Lavigné. Este nuevo enfoque ha puesto fin al modelo de control aduanero que mantenía al producto como «culpable» hasta que se demostrara lo contrario. En lugar de detener el flujo en la frontera, se ha implementado un sistema de control «ex-post» que permite que los importadores declaren bajo juramento que sus productos cumplen con las normas y los ingresen rápidamente al país.
Este cambio ha generado un choque entre dos mundos: el antiguo modelo de control aduanero y el enfoque actual en línea con los estándares de los países desarrollados. La premisa de este nuevo sistema es la libertad para importar, con la condición de que los productos sean inspeccionados una vez estén en el mercado. Las sanciones por incumplimiento son ejemplares, como lo demostró la multa de $150 millones impuesta a la empresa HL Catamarca SA por diferencias en eficiencia energética en refrigeradores.
Las medidas tomadas entre 2024 y 2026 han marcado una ruptura en el panorama comercial argentino. La eliminación de licencias no automáticas y la derogación de numerosos reglamentos técnicos han enviado un mensaje claro: la aduana ya no es el censor de la economía. Sin embargo, se ha habilitado el «Canal Rojo» para situaciones irregulares.
A pesar de los beneficios de esta desregulación, existen riesgos asociados a la transición hacia un modelo de control posterior. La capacidad de auditoría del Estado es fundamental para garantizar que los productos importados cumplan con los estándares mínimos de seguridad. Si no se fortalecen las inspecciones en comercios y almacenes, el mercado podría inundarse de productos que no cumplen con las normas, perjudicando tanto a los consumidores como a la industria local.
El Gobierno ha formalizado el ‘Protocolo de Vigilancia del Mercado’ como parte de esta apertura comercial. Sin embargo, quedan tres frentes críticos por abordar: la capacidad de inspección, la digitalización en tiempo real y el costo de cumplimiento para las PYMES. La libertad comercial requiere un control más profesional y tecnológico para evitar prácticas desleales que puedan afectar a la industria local.
En resumen, el nuevo enfoque en el comercio internacional en Argentina busca fomentar la libertad comercial y la eficiencia, pero también enfrenta desafíos en términos de control y regulación. El éxito de esta transición dependerá de la capacidad del Estado para garantizar que los productos importados cumplan con los estándares necesarios para proteger a los consumidores y promover un mercado justo y competitivo.
