En Guatemala, el cierre de El periódico, esta semana, se suma a la preocupación por la situación de su director, en prisión desde hace diez meses. “El diario trató de aguantar, pero el ataque y el uso de la ley penal fue brutal: presionaron e intimidaron tanto a seis de sus abogados que renunciaron a su defensa. Los ahorcaron económicamente El periódico como una forma de castigo y venganza”, dice González, abogada en ejercicio en Guatemala.
Desde Bruselas también se expresó la preocupación por el cierre del prestigioso diario y se recordó la importancia de los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas para la democracia, más aún en un contexto electoral.
“Hemos trabajado durante el último año aún creyendo en la justicia en Guatemala. Pero hemos comprobado que las instituciones deciden de manera sesgada, especialmente en el sector Justicia. Ya no existe el estado de derecho en Guatemala”, dice Claudia González, quien fue jurista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional de apoyo a la investigación y persecución penal de las fuerzas y aparatos clandestinos de seguridad.
Cabe recordar que, luego de que la CICIG, que inició sus funciones en 2006, destapara escándalos de corrupción que alcanzaron los más altos niveles, su mandato fue rescindido por el gobierno guatemalteco en 2019.
Claudia González, abogada defensora de jueces procesados en Guatemala, en Bruselas, el 16 de mayo de 2023.
“Históricamente, la Unión Europea fue uno de los actores que financió a la CICIG, que luchó activamente contra la corrupción y el crimen organizado. Su repentino retiro puso en riesgo la vida de muchos funcionarios que allí trabajaban. La consecuencia es que, hoy, Guatemala tiene más de cien jueces exiliados, porque ahora los criminalizan por hacer su trabajo”, dice González.
A su juicio, la comunidad internacional debió mantener el foco en los sistemas de justicia del país centroamericano. “Tienen una deuda con los derechos humanos en mi país”, subraya González, cuya valentía acaba de ser premiada por la organización internacional Abogados por Abogados.
Candidatos, elecciones, observación electoral
No es la primera vez que un abogado de justicia llama a las puertas de las instituciones europeas en busca de un oído más agudo. En otras palabras, en Bruselas no falta conocimiento de la gravedad del quiebre institucional en Guatemala. Antes que Claudia González, Jordán Rodas, abogado de derechos humanos entre agosto de 2017 y agosto de 2022, había expuesto en el Parlamento Europeo la persecución sistemática a operadores de justicia en Guatemala.
Un año después, su candidatura a la vicepresidencia de su país fue descalificada alegando cuentas pendientes con los tribunales. Al respecto, en abril, la diplomacia europea recordó a las autoridades electorales guatemaltecas su obligación de garantizar que “la inscripción de candidatos se realice con total transparencia, imparcialidad y de conformidad con la Constitución”.
Sin embargo, esta misma semana llegó a Guatemala el primer contingente del centenar de expertos electorales que acompañarán todo el proceso de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto. “Es muy importante que la Misión de Observación Electoral (MOE) no solo llegue al momento de la elección, sino que analice las incidencias y problemas que han ocurrido antes, que registre cómo el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy subjetivo al retirarse El informe del MOE será un punto de partida para exigir más transparencia”, señala González.
Situación en constante deterioro
Si bien el tema de la corrupción en las estructuras del Estado guatemalteco no es nuevo -de ahí el mandato de la CICIG en el marco de los acuerdos de paz de 1996- se avanzaba en la transparencia y en la lucha contra la impunidad. En esto último, Impunity Watch, una organización no gubernamental con sede en La Haya, está de acuerdo.
“Pero hace cuatro años, cuando se eligió a dedo al fiscal general, cuando no se eligieron nuevos tribunales, cuando se nombraron selectivamente los magistrados de la Corte Constitucional, cuando se empezó a usar el sistema de justicia para entorpecer las elecciones, todo ha ido a peor. La persecución de los funcionarios se ha extendido al interior para despojar a las comunidades indígenas de sus bienes y recursos. Y no se permite la voz de la oposición”, dice González, quien pide una mayor presión internacional.
“Lo grave de permitir estas circunstancias es que mañana será mucho más difícil revertirlas. Guatemala está en un punto estratégico que tiene que ver con la migración y el narcotráfico. Los intereses de Estados Unidos y Europa también se verán afectados. Si no se presta atención, la situación alcanzará dimensiones inmanejables”, advierte González. “Hay que admitirlo: estamos ante una dictadura disfrazada de legalidad”, concluye. (EM)