Todas las leyes son perfectibles, incluidas las electorales. El hecho de que hayan logrado años de estabilidad no indica que sean perfectos, sino que lograron equilibrios entre los actores políticos importantes. Hay posibilidad de mejora.
Me parece que uno de los principales aspectos a resolver se encuentra en la capacidad de las normas para representar adecuadamente la pluralidad del espectro social. Hay grupos de población que no encuentran las condiciones materiales para presentarse a votar o que no han tenido suficiente representación en congresos y cabildos. Como ejemplo, un botón: ningún migrante eligió los cabildos que actualmente los representan.
El actual modelo de administración electoral no ha aprovechado al máximo la infraestructura de los institutos electorales de los estados. Se atraen funciones que bien podrían desempeñarse a nivel local.
Además, en México las campañas que realizan los partidos y candidaturas, así como la administración electoral, siguen siendo excesivamente costosas. Los inesperados recortes presupuestarios sufridos por algunas organizaciones no han solucionado el problema: lo han agravado.
En este contexto, es encomiable que existan iniciativas que buscan mejorar las leyes electorales mexicanas. Hoy contamos con uno de los sistemas más sofisticados del planeta, precisamente por el desempeño de las reformas que se han llevado a cabo desde la década de 1990. Somos productos de las reformas.
Dos aspectos distinguen la reforma aprobada el pasado mes de noviembre de sus antecesoras. Por un lado, el hecho de que no se haya consultado la opinión técnica de órganos administrativos o jurisdiccionales. Por otro, la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.
Si bien ambos temas tendrán efectos, me referiré exclusivamente al impacto en la gestión electoral a nivel local. La reforma reorganiza las actividades de los institutos electorales en dos grandes áreas. Además, limita el tamaño máximo de los órganos descentralizados que podrían depender de estos institutos.
Las autoridades administrativas de los estados deben realizar un estudio organizacional serio y profundo sobre cómo implementar estas nuevas disposiciones. Habrá que ver cómo reorganizar los recursos para cumplir con esta obligación legal, en el entendido de que nuestros aliados naturales, los consejos distritales del INE, estarán sufriendo al mismo tiempo la merma por haber perdido afiliados.
Aun así, las reformas no ponen en riesgo las elecciones de 2023. Los mexicanos tendremos la elección más completa de la historia el próximo año. No solo porque la reforma entrará en vigencia recién después de la elección de gobernador, sino también porque tendremos que hacer los estudios técnicos para implementarla con responsabilidad y base científica, de manera paulatina y previa al proceso electoral de 2024.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
CAMARADA
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