El gobierno nacional ha tomado una decisión crucial ante la grave situación de incendios que afecta a varios territorios del país. A través del Decreto 73/2026, se ha declarado la Emergencia Ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, al mismo tiempo que se han designado como zonas de desastre. Esta medida, emitida como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), busca fortalecer la coordinación operativa para hacer frente a los focos activos y las consecuencias ambientales y productivas derivadas de esta crisis.
La importancia de esta declaración radica en que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, y se enmarca en la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y la Ley 27.287 de Gestión Integral de Riesgos (SINAGIR). Además, se le encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) una mayor coordinación de acciones para hacer frente a esta emergencia.
¿Qué implica esta emergencia por incendios para las provincias afectadas? En primer lugar, se establece una coordinación centralizada en la AFE, que se convierte en el nodo estratégico para la planificación, articulación de recursos y supervisión general de la respuesta. Asimismo, se fortalece el Sistema Federal de Manejo de Incendios, donde las acciones de prevención, presupresión y combate se llevan a cabo bajo el marco de la Ley 26.815, pero con una coordinación estratégica por parte de la AFE.
Además, se brinda asistencia a las provincias y municipios afectados para el combate de incendios y la posterior recuperación productiva, lo que incluye la coordinación operativa y la posible canalización de recursos nacionales. La declaración de «zona de desastre» permite una intervención más intensa y coordinada del Estado nacional, reconociendo que los daños exceden la capacidad de respuesta local ordinaria.
El decreto, que entra en vigor de inmediato, se apoya en tres pilares normativos: el marco constitucional ambiental, la Ley 26.815 de Manejo de Incendios y la Ley 27.287 de Gestión Integral de Riesgos. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta medida, existen vacíos, límites e indefiniciones en el decreto, como la falta de instrumentos económicos específicos, la ausencia de criterios territoriales precisos, la falta de métricas de evaluación y la exclusión de Santa Cruz de la declaración.
En resumen, este plan federal bajo presión busca integrar recursos, sostener el financiamiento y acelerar la recuperación ambiental y productiva en un contexto climático adverso. La clave estará en la capacidad real de llevar a cabo esta coordinación operativa de manera efectiva para hacer frente a esta emergencia y proteger los territorios afectados.
