El Gobierno activó un nuevo esquema de inocencia fiscal que ha causado revuelo en el ámbito tributario. Con la regulación del régimen de Inocencia Fiscal, los contribuyentes pueden utilizar ahorros no declarados sin enfrentar consecuencias fiscales. Esta medida, establecida a través del Decreto 93/2026 y parte de la Ley 27.799, busca formalizar fondos fuera del sistema y reducir la carga de control sobre aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias.
¿Qué significa esto para los contribuyentes? Según el experto César Litvin, este reglamento funciona como un «blanqueamiento permanente» y tiene dos detalles clave que todos los interesados deben tener en cuenta. En primer lugar, el nuevo plan establece un bloqueo legal sobre el pasado fiscal de quienes se adhieren correctamente al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre la Renta, lo que impide a ARCA supervisar o determinar diferencias impositivas correspondientes a años anteriores.
En segundo lugar, el alcance del régimen de Inocencia Fiscal está determinado por dos condiciones centrales. Solo aplica para aquellos que se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, lo que significa que el beneficio no es automático y está relacionado directamente con la adhesión voluntaria al nuevo régimen. Además, el plan excluye expresamente a los grandes contribuyentes nacionales, aquellos con ingresos superiores a 1.000 millones de pesos anuales o activos superiores a 10.000 millones de pesos al cierre de cada ejercicio.
Es importante destacar que este régimen no está destinado a los monotributistas, a menos que opten por cambiar su marco y pasar al Régimen Simplificado de Ganancias. Este cambio puede implicar un aumento en la carga tributaria y una consecuencia adicional: aquellos que salen del monotributo no pueden regresar hasta dentro de tres años.
En cuanto al nuevo marco criminal, las regulaciones elevan los umbrales penales y acortan el plazo de prescripción. La evasión simple constituye un delito a partir de 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada lo hace desde 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción se reduce de cinco a tres años. En caso de incumplimiento, el contribuyente podrá regularizar su situación pagando la deuda sin enfrentar automáticamente una causa penal, salvo en los casos más graves.
En conclusión, el experto fiscal Litvin recomienda a los contribuyentes alcanzados por el régimen dirigirse al Régimen Simplificado si pueden hacerlo. Este nuevo esquema de Inocencia Fiscal busca incentivar la formalización de fondos y reducir la carga de control sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.
